Madrid. Los once magistrados del Tribunal Constitucional (TC) español decidieron por unanimidad anular la moción independentista aprobada el pasado 9 de noviembre en el Parlamento de Cataluña, en lo que fue el primer paso oficial y de manera solemne para la secesión unilateral del Estado español. El órgano judicial adoptó esta decisión en un tiempo récord y en función de la urgencia dada la situación política que se vive actualmente y la tensión creada por el proceso soberanista, si bien no se amenaza a los funcionarios públicos catalanas de sanciones o apercibimientos por incumplimiento de la sentencia.

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Tal y como era de prever, el TC dio la razón al gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, y resolvió a su favor en el recurso presentado por la abogacía del Estado para que se anulara la moción independentista del Parlamento catalán. En el recurso del gobierno además se solicitó las sanciones pertinentes a los responsables del Parlamento regional de aprobar y cursar la moción, en los que incluso se señaló a algunos diputados de la oposición.

El pasado nueve de noviembre, en el que fue el primer pleno del nuevo Parlamento regional tras las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, se decidió por mayoría absoluta aprobar una moción que decretó la “desconexión” de las instituciones y del Estado español, y se advirtió que en un plazo no superior a 30 días se iniciaría la construcción de una nueva “República de Cataluña”, con su propia hacienda pública y seguridad social.

La moción fue aprobada por las dos fuerzas independentistas en el Parlamento: Junts pel sí, que es a su vez una coalición de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que suman 62 diputados; más los 10 parlamentarios de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).

En contra votaron el resto de los partidos, es decir Ciutadans, 25 diputados, el Partido Socialista de Cataluña, 16 escaños, el Partido Popular, 11 escaños, y Cataluña si que es pot, 11 diputados. Es decir, las fuerzas a favor de la independencia sumaron 72 diputados, frente a los 63 en contra de las formaciones españolistas o en contra del proceso de secesión.

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A pesar de la aprobación de la moción, que marcaba la hoja de ruta a seguir para continuar con el proceso soberanista, el gobierno catalán, presidido por Artur Mas, todavía no ha logrado la investidura de la relección, precisamente porque entre las dos formaciones independentistas -Junts pel sí y la CUP- prevalece la discrepancia en torno al nombramiento de Mas, con lo que si no se llega a un acuerdo antes del 9 de enero se tendrán que convocar elecciones anticipadas. Lo que además de complicar aún más la coyuntura política, lo más probable es que provoque la destrucción de la alianza en torno a la independencia de las fuerzas catalanas.

La decisión del TC era algo esperado en Cataluña, si bien es una complicación más para la ejecución de su propia hoja de ruta y las decisiones públicas en torno a la independencia, máxime cuando el incumplimiento de la sentencia podría traer consecuencias penales y de sanciones civiles, como la inhabilitación de cargo público para más de 20 dirigentes políticos catalanes, que son además las caras visibles del proceso soberanista.