WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos no emitió ayer ninguna decisión sobre si se ocupará de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, una decisión que, tras su fallo, afectará a más de cinco millones de indocumentados.

En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del Mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.

Obama decidió actuar de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia del país en 2008, pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales por sus oponentes.

Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la semana entrante, día en el que podrían tomar una decisión, o bien posponerlo de nuevo.

Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está “roto”.

Así pues, el Mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.
Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales y no a las familias”.
Si los nueve jueces que integran el Supremo estadounidense deciden no tomar el caso a consideración, las medidas del Mandatario quedarían invalidadas de manera automática.

Sin embargo, si finalmente es admitida por la máxima instancia judicial del país, activistas y defensores de los inmigrantes ven una oportunidad de abrir un nuevo camino legal para avanzar sobre el asunto.