La obra del Tren Interurbano México-Toluca, que debió concluirse en diciembre de 2017 y del que aún no hay fecha de entrega, ha tenido un proceso de contratación desorganizado y opaco, pues se desconocen los documentos iniciales del presupuesto de los contratos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al no tener los oficios preinversión de los contratos, no se sabe en cuánto se presupuestó la obra y por lo tanto, no  se pueden calcular los sobrecostos, por lo que se detectan riesgos de corrupción en la construcción, refiere una investigación del Instituto.

En 2014, la obra fue cotizada en 38 mil millones de pesos, pero de acuerdo al Presupuesto de Egresos de 2018, el actual costo asciende a 59 mil millones de pesos, esto equivale a un sobrecosto de más del 50%.

Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transporte como Hacienda reportaron no encontrar documentos, como dictámenes de excepción a la licitación pública que se citan en los contratos oficiales.

El análisis de costo-beneficio del tren, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), menciona que si el sobrecosto de la obra es mayor al 25% del costo original, el proyecto deja de ser socialmente rentable y, en este caso, el sobrecosto es de más del 50%.

El organismo también menciona que la planeación del proyecto fue deficiente, ya que, por ejemplo, no hay un mapa público georreferenciado que muestre el trazo final que seguirá la obra. Además, la SCT le indicó que hasta agosto de 2017, no contaba con la totalidad de los derechos de vía asegurados para el tramo de proyecto.

El IMCO propone que el gobierno federal debe convertir las prácticas de transparencia en la obra pública en una prioridad nacional.

Recomienda que en los contratos se incluya el objeto social, socios, beneficiarios finales de las empresas contratadas y si estas se encuentran registradas en CompraNet y tienen un historial de cumplimiento de otros contratos con el gobierno.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, México tiene problemas en la contratación de obra pública debido a aspectos como planeación incompleta, insuficiencia técnica, problemáticas económicas y problemas de ejecución.