El memorándum presidencial del miércoles de la semana mayor (16.04.19) dirigido a sus secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, con lineamientos y directivas para dejar “sin efectos todas las medidas en lo que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, puso a temblar a medio mundo.

A los juristas, ya de por sí preocupados por el gusto del Presidente de gobernar en la orilla de la legalidad, les hizo perder la prudencia y abiertamente señalaron sus fallas jurídicas. Para los voceros de la oposición fue una prueba contundente de la vocación autoritaria del régimen. Ni qué decir de los demoledores daños colaterales entre los empresarios y observadores internacionales.

Pero si el aterrador memorándum, enviado por redes sociales, activó las alarmas por la vigencia del orden legal en el País; el refrendo verbal en la “mañanera” del miércoles de Semana Santa fue una abierta invitación al ¡sálvese quien pueda!, por la bíblica paráfrasis que el Presidente utilizó para fundar y motivar la expedición de tan polémicas instrucciones.

No le dio muchas vueltas el Ejecutivo, tal vez inspirado en el ambiente de las tradiciones religiosas de la temporada. Reconvirtió la famosa respuesta de Jesucristo a los reclamos de los fariseos por curar a los enfermos en sábado, contraviniendo lo señalado por las normas mosaicas: “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado” (Marcos, 23-28).

Con licencia hermenéutica autoconcedida, las tradujo en nuevas facultades para esta nueva modalidad de presidencialismo místico: “La ley es para las mujeres y los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. La justicia está por encima de todo… Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan a favor de la justicia… Pero no es un asunto legal, es un asunto político…”.

Hermosa instrucción; pero, ¿a quién corresponde definir de qué lado está la justicia y quién es el responsable legítimo para esclarecerla?

Los ideólogos orgánicos del régimen saltaron a la palestra y no dudan en reconocer al Presidente y al grupo en el poder el derecho conquistado de dilucidar lo que es justo y lo que no es. Sin ley o a pesar de la ley se hará su justicia.

Muy lejos de nuestras discusiones, pero preocupado por el talante democrático de las instituciones políticas y el Estado de derecho, en España, Xavier Vidal-Folch escribe:

“Para ser constitucionalista hay que respetar la constitución. Toda constitución. No asumirla como dogma de fe, sino como regla de juego que se cumple a carta cabal. Aunque se pueda modificar y defender su reforma (…)”, y remata: “No es constitucionalista quien lo dice, sino quien respeta la constitución. Incluso aunque no le guste”. (El País, 22.04.19)

El abierto desdén al ya de por sí maltrecho Estado de derecho en México puede socavar la legitimidad de ejercicio de este gobierno. La portada de Proceso lo grita: “La tentación autoritaria” (No. 2216, 21.04.19). Jacqueline Peschard lo señala: “Se trata de un acto que revela resortes discrecionales francamente arbitrarios que mueven al Presidente…” (El Financiero, 22.04.19).

Por su parte, en un agudo análisis técnico jurídico sobre la facultad presidencial para emitir órdenes ejecutivas –memorándums en el léxico local–, Roberto Gil comenta: “…más vale dejar la simplificación –e ingenuidad– de la ignorancia o del desprecio lopezobradorista por el derecho…”, y afina la puntería: su “intento de inclinar la balanza hacia un régimen presidencial no de leyes, sino de memorándums…”.

Concluyo: La confianza y la certidumbre vivió en la semana anterior un doloroso calvario y se le crucificó. ¿Resucitará?