Para vigilar que los programas sociales no se utilicen con fines electorales en 2020, la Comisión Interinstitucional de Blindaje Electoral realizará visitas a los diferentes municipios y se capacitará a servidores públicos de diversas dependencias que tienen relación con la entrega de los citados apoyos.

Ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interinstitucional de Blindaje Electoral, que está compuesta por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para delinear el programa de trabajo que se va a seguir para vigilar el proceso electoral de este año en Coahuila.

“Va a haber visitas a distintas parte del Estado, se va a establecer un protocolo para recibir denuncias, se propuso que se haga público un teléfono para recibir denuncias y las distintas áreas pidieron que sus teléfonos estén en disponibilidad, la Seguridad Pública, la Fiscalía en materia electoral y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas”, dijo el diputado Juan Antonio García Villa, integrante de la comisión.

También estuvo presente en la reunión la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, quien hizo una presentación de las principales fechas del calendario electoral, así como las fechas límite para que los partidos comuniquen si van a participar en coalición, así como los topes de gastos de campaña.

“Lo que se sugirió también es que las dependencias capaciten adecuadamente a su personal, porque a veces pueden incurrir en una falta y no se dan cuenta por inercia o costumbre. Se aclaró también por parte de la presidenta del IEC que la difusión o publicidad gubernamental, como se trata de una elección local, no se interrumpe hasta el inicio formal de las campañas”, indicó.

Conclusiones

La Comisión Interinstitucional de Blindaje Electoral está integrada por representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

Visitará la mayoría de los municipios de la entidad.

Establecerá un protocolo para recibir denuncias.

Seguridad Pública, la Fiscalía en materia electoral y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas deberán contar con un teléfono disponible para atender querellas.