A nivel global, durante 2016 los desastres naturales obligaron a 24.2 millones de personas a desplazarse forzosamente, y 97% fueron ocasionados por eventos relacionados con el clima y la temperatura. En México, los ciclones de 2013 dejaron 158 mil desplazados forzados de un total de 1.2 millones de damnificados, para quienes aún no culmina la reconstrucción de sus comunidades.

Los sismos ocurridos en las últimas semanas hablan por sí solos y dan cuenta de nuestra fragilidad ante las catástrofes naturales, incluso en la capital del país. A pesar de que la Ciudad de México haya tenido pérdidas mayúsculas, la disparidad en la capacidad de respuesta en contraste con los estados afectados, es superior. El ambiente que se vive en Morelos, el Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas dista mucho de aquel que caracterizó a la capital la semana pasada. El centralismo se hace presente en estas circunstancias.

El alto porcentaje poblacional que habita en zonas de riesgo y en viviendas precarias exponen la poca seguridad social, económica y, ciertamente, política. El Banco Mundial vaticina esta vulnerabilidad afirmando que al menos 15% del territorio, 68% de la población y 71% del PIB de México se encuentran expuestos a los posibles impactos de catástrofes ambientales. Por ejemplo, el cambio climático dibuja escenarios poco alentadores para México, sobre todo por nuestra capacidad para enfrentar y mitigar sus impactos.

La vivienda y los servicios básicos son necesarios para el pleno desarrollo y ante el peligro ocasionado por las afectaciones de algunos desastres naturales, muchas personas se ven obligadas a buscar mejores condiciones de vida al no recibir alguna respuesta pronta o apoyo eficaz. Así, sin apoyo gubernamental, las víctimas de los desastres pueden convertirse en desplazados internos.

Desde 2008, en nuestro planeta un promedio anual mayor a 25 millones de personas muestra que los desplazamientos causados por desastres naturales triplican la cifra de aquellos asociados a conflictos armados y violencia. Y hay que decirlo, en México, el desplazamiento forzado interno no es un problema reciente. Desde 2002, el representante del secretario general de la ONU para los Desplazados, Francis Deng, destacó la necesidad de contar con estadísticas oficiales; 15 años después, éstas no existen.

El gobierno continúa negando la existencia del problema a pesar de que el primer paso para afrontar la situación es su reconocimiento y categorización. A finales de 2016, se hablaba de más de 300 mil personas desplazadas en México, por diferentes causas, pero las cifras aún son imprecisas. Más allá del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno publicado por la CNDH en 2016, no existe un diagnóstico puntual que arroje una instantánea de la realidad, principalmente tratándose de víctimas de desplazamiento interno por catástrofes naturales.

Es lamentable que a nivel federal sólo la Ley General de Víctimas refiera a la protección de las personas desplazadas sin que en ésta o en alguna otra norma exista una definición básica de dicha problemática. En el plano estatal, sólo Chiapas y Guerrero han formalizado una legislación en la materia, y en ambos casos la falta de especificidad y reglamentación terminan por obstaculizar su registro y atención.

Las catástrofes naturales impactan gravemente en los derechos fundamentales de quienes sufren sus consecuencias. Apremia invertir recursos para recabar información y así dar una exposición real del desplazamiento y sobre todo, contar con un marco jurídico nacional y políticas públicas que reconozcan este fenómeno en todas sus dimensiones. Sólo así avanzaremos hacia su
prevención y asegurar la protección de los derechos de quienes lo enfrentan.
Senadora por el PAN

Twitter: @GabyCuevas