Durante décadas, millones de mexicanos podían ir y venir para laborar en nuestro vecino país del norte de manera estacional, y regresar a casa cada año. Eran migrantes, no emigrantes.

Al inicio del siglo XXI, tres factores casi terminaron con la circularidad migratoria: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera detonada en el otoño de 2008, y el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.

Hoy la mayor parte de los migrantes mexicanos van a trabajar a Estados Unidos en sectores no agrícolas y no estacionales. Sin embargo, ingresar a territorio estadounidense sin papeles y laborar sin ellos, una falta administrativa, pasó a convertirse en un delito castigado con pena de cárcel.

Si prohíbes la entrada, en los hechos también prohíbes la salida: ello contribuyó a que los trabajadores mexicanos quisieran a toda costa quedarse en suelo estadounidense, ante la imposibilidad de visitar a su familia en México y reingresar a Estados Unidos.

El gobierno del presidente Obama deportó casi dos millones de trabajadores mexicanos entre 2009 y 2016.
La histeria antiinmigrante se recrudeció con el discurso de odio de Donald Trump.

Gane o pierda Trump, con muro o sin muro, Estados Unidos seguirá demandando trabajadores mexicanos, desde mano de obra para la agricultura y la construcción, hasta profesionales altamente especializados del sector servicios.

“Una frontera común, un futuro común”: http://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-shared-border-shared-future-report-es.pdf es una propuesta para regular la movilidad laboral entre Estados Unidos y México.
Ernesto Zedillo por México y Carlos Gutiérrez por Estados Unidos presidieron el grupo de trabajo, impulsado por Nancy Birdsall, presidenta del Centro para el Desarrollo Global, un centro de pensamiento localizado en Washington DC.

El TLCAN no logró hacer converger los salarios entre los dos países, y sólo previó un puñado de visas para profesionales altamente calificados.

Ya estoy oyendo los gritos de gente adversa: ¡cómo se les ocurre, la nueva propuesta no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, ni siquiera va a despegar, espérense a un mejor clima!

El momento propicio para una cooperación renovada es ahora, dicen los autores del informe, y tienen razón.
La prohibición sólo crea mayores problemas: el vacío de políticas bilaterales genera un extenso mercado negro laboral transfronterizo. Una regulación flexible y basada en la cooperación es el camino a seguir.

La propuesta se limita a los flujos futuros de trabajadores, con incentivos a que regresen a su lugar de origen, y deliberadamente no se ocupa de los trabajadores que ya se encuentran en territorio estadounidense.
Apunta a captar beneficios económicos comunes con flexibilidad frente a condiciones cambiantes, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los trabajadores estadounidenses y mexicanos.

La clave está en preguntarnos quién gana con esta propuesta.

La política económica debe orientarse a promover los intereses de las mayorías, no de un pequeño puñado de privilegiados.

En México tenemos una larga historia de exigir el respeto a los derechos de los mexicanos afuera mientras aquí violamos sistemáticamente la libre afiliación sindical y el acceso a la justicia laboral.

Tanto México como Estados Unidos necesitamos escuchar las razones del malestar de nuestros trabajadores, que son la mayoría de la población en ambas sociedades.

Un convenio laboral bilateral entre México y Estados Unidos, debe ganarse la aprobación y la confianza de los trabajadores y los empleadores de ambas naciones, generándoles beneficios comunes. Sólo así podremos edificar un futuro común.

@Carlos_Tampico