Toques eléctricos, golpes con tablas de madera y quemaduras con cigarros forman parte de la larga lista de agresiones que sufrían los 271 internos del albergue mexicano Despertar Espiritual, incluidos 112 menores, narró hoy una de las víctimas.

El centro de rehabilitación para personas con adicciones, ubicado en el estado de Jalisco, fue intervenido el martes por las autoridades tras una denuncia de una persona que intentó sacar del lugar a un familiar que había sido internado contra su voluntad.

Una de las 111 mujeres rescatadas del lugar, quien pidió el anonimato, cuenta que allí recibía “servicios” (castigos), tales como permanecer sentada varias horas en una silla, o “terapias destructivas”, que consistían en soportar groserías de quienes las cuidaban y que eran conocidas como “madrinas”.

Unas horas antes de que la Fiscalía de Jalisco llegara al centro, ejemplifica, había recibido golpes en la cabeza y codazos como castigo a una conversación que sostuvo con una vecina de su barrio también interna, algo que estaba prohibido para las que tenían poco de haber llegado.

Si comentaban con alguien, los malos tratos que recibían, o intentaban escapar, “los padrinos” golpeaban a hombres y mujeres por igual, les quitaban el derecho a comer y hasta los amenazaban con armas, detalla.

El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, dijo el martes que no se encontraron armas ni drogas en el centro ubicado en el municipio de Tonalá, pero sí “aparatos para torturar”; calificó de “infrahumanas” las condiciones del lugar y señaló que se investiga si hubo abusos sexuales contra cinco menores.

Divididos en dos zonas, como si fueran presos, los internos no podían salir o estar en contacto con sus familiares, sino en los pocos días de visita.

Además, solían darles comida en mal estado, señala la joven, madre de tres hijos y quien en dos ocasiones estuvo internada en Despertar Espiritual por su adicción a las drogas y el alcohol.

Las dos veces fue sacada a golpes de su casa por un grupo de hombres, a petición de su madre, y trasladada al albergue, donde compartía con 30 compañeras una habitación con cuatro literas y con cuatro el espacio de regaderas.

La mujer describe el albergue “como un lugar espantoso” que, lejos de ser espiritual, “era destructivo”.

Los menores de edad llegaban al albergue obligados por sus padres y como una especie de “correctivo” por su mala conducta o por su bajo aprendizaje escolar, señala.

Sobre los supuestos abusos sexuales contra menores, afirma que nunca los vio, aunque no descarta que en el área de hombres haya sucedido.

Lo que sí puede asegurar es que algunos internos desaparecieron sin ninguna explicación. “Nosotros pensábamos que ellos eran los que hacían todo, porque el padrino llegaba a ser una persona muy déspota, muy dura, que no le importaba si causaba daño o no”, comenta.

A los familiares les cobraban 150 pesos (unos 8 dólares) al mes por cada interno. Si querían sacarlos del lugar antes de tiempo acordado, tenían que pagar hasta mil 500 pesos (81 dólares) y quienes se negaban eran golpeados o amenazados.

"A veces estafaban a la gente cuando no iban a pagar o si te querían sacar, pedían (a los familiares) una cantidad, pero si ellos querían, no te dejaban salir”, cuenta.

Tanto el fiscal como el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, vinculan a Despertar Espiritual con el crimen organizado.

Tres personas fueron internadas allí a la fuerza como un castigo relacionado con la presunta venta de droga. Además, once internos contaban con órdenes de aprehensión por narcotráfico, robo y lesiones.

El centro de rehabilitación, ubicado en una colonia popular y de escasos recursos, era un “escondite de criminales”, sostiene Almaguer.

En una entrevista, adelanta que investigan otros dos centros de rehabilitación administrados por la misma persona que fundó Despertar Espiritual y “donde hay prácticas muy similares”.

Explica que uno de ellos, el centro conocido como Módulo 1 y ubicado a unas cuadras de Despertar Espiritual, fue clausurado el miércoles por la Secretaría de Salud de Jalisco tras detectar condiciones insalubres en un operativo realizado con la Policía de Tonalá.

Allí vivían 83 adultos y seis menores. El otro centro que es investigado se localiza en Guadalajara, capital de Jalisco, y es habitado solo por menores de edad, añade.