Se ha dicho en innumerables ocasiones y en los más diversos tonos, pero habrá que insistir en el argumento: las autoridades cometen un grave error cuando echan las campanas al vuelo y cantan victoria en la lucha contra la delincuencia y la impunidad.

La auténtica tragedia humanitaria ocurrida ayer en el penal de Topo Chico, en el vecino estado de Nuevo León, constituye una prueba demoledora y violenta de cómo la estrategia del Estado Mexicano ha dejado islotes de impunidad que estallan en cuanto a los delincuentes —organizados o no— les resulta conveniente.

Poco importa quiénes son y a qué banda pertenecen los responsables del enfrentamiento que dejó como saldo funesto 49 reos muertos y 12 heridos el día de ayer, en lo que se considera el peor incidente dentro de una prisión mexicana en los últimos años.

E importa poco porque al margen de los nombres y los intereses de los presuntos responsables de la masacre, el resultado constituye un fracaso del Estado, en sus órdenes federal y estatal, en la tarea de garantizar que quien ha cometido un delito reciba el castigo que merece, pero inmediatamente después tenga la posibilidad de reincorporarse a la sociedad.

Claramente la situación que prevalece en el penal de Topo Chico implica que la rehabilitación de los presos constituye una utopía y el reconocimiento que las autoridades hacen de la existencia de regímenes de auto gobierno en las cárceles mexicanas no hace sino dar cuenta del abandono de responsabilidades por parte de éstas.

De acuerdo con Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en siete de cada 10 prisiones mexicanas se replican algunas o todas las condiciones que generaron la tragedia de Topo Chico: reconocer tal cosa implica decirle a la población que el Estado Mexicano se ha desentendido por largo tiempo de las prisiones que administra.

Tal reconocimiento no solamente explica el por qué ocurrió ayer este sangriento motín, sino que obliga a preguntarse cómo es que episodios como éste no son más frecuentes.

El episodio de Topo Chico se alza pues frente a nosotros, no como una llamada de atención, sino como una bofetada de la realidad que nos demuestra cómo la ruta seguida hasta ahora para “pacificar al País” tiene mucho de cosmético y poco de estrategia sustentable.

Se trata de un episodio que debe preocuparnos a todos porque deja claro que ni se ha hecho lo suficiente, ni lo realizado hasta ahora puede ser calificado como avance relevante.

Es cierto: los hechos ocurrieron dentro de una prisión y los protagonistas de la historia son delincuentes o presuntos delincuentes, pero eso no disminuye en nada la responsabilidad del Estado, ni resta un ápice al diagnóstico: la estrategia de seguridad sigue haciendo agua.