A finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que le "jalaba las orejas" al Congreso por no haber legislado en materia de publicidad oficial. A raíz de un amparo interpuesto por la organización Artículo 19, la mayoría de los ministros coincidieron en la urgencia de cubrir un vacío jurídico que vulnera la libertad de expresión. El amparo fue en realidad un recurso desesperado frente al abuso y discrecionalidad.

A principios de este sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto prometió que crearía una instancia ciudadana y autónoma que supervisaría la contratación en publicidad oficial. Esta promesa derivó en uno de los compromisos del Pacto por México, documento que prefiguraba un modelo de comunicación gubernamental razonable, guiado por los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. La ley nunca llegó. Si en cambio, la mala planeación, el sobre-ejercicio, la promoción de carreras políticas y los más de 40 mil millones de pesos distribuidos sin reglas, ni parámetros, por el gobierno federal.

El Colectivo #MediosLibres, integrado por organizaciones sociales, académicos y periodistas, sentó las bases para la discusión: un decálogo para fomentar la pluralidad de voces, la diversidad de fuentes de información y la necesaria distinción entre información y propaganda gubernamental. Todo esto indispensable en cualquier democracia.

Pero a los diputados no les gustó el ultimátum. Ante la presión, cerrazón. Con el apoyo del PRI-PVEM-Panal y Morena, se aprobó un dictamen que no atiende las deficiencias del modelo de comunicación vigente.

El dictamen aprobado en comisiones pone en manos, ni más ni menos que de la Secretaría de Gobernación, la regulación y administración de este gasto. Como en los viejos tiempos del PRI hegemónico, el dictamen le otorga la facultad de emitir lineamientos y criterios de selección de los medios con los que se establecerían acuerdos. Bajo sus manos, sin contrapeso ni claridad alguna, se deja el control de un padrón nacional de medios a los que se tendría que inscribir todo aquel que quiera contratar publicidad oficial.

Para las entidades federativas y órganos autónomos se considera una unidad administrativa equivalente. No se especifica cómo se evitaría el sistema de premios y castigos por los contenidos publicados. De la censura sutil, pasamos al control grotesco de los medios por el gobierno. Con esta ley perdemos todos. Quizás en el Senado se pueda enderezar el rumbo. Tal vez ahí recuperemos derechos perdidos, de la mano de quienes dicen ser nuestros legítimos representantes.