Hace años que Laura dejó de contar muertos. “Ya los dejamos pasar”, según dice. Es solo otro más.

Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios de Nuevo León, donde ingresó al salir de la academia. Su misión, se supone, es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.

“Pero he llegado a tener cinco homicidios por día y la investigación requiere tiempo, así que se van quedando”.

Ella nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. “Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo”, reconoce.

La rutina de esta detective tampoco es la misma a la de los agentes de homicidios de otros países.

Ella gasta buena parte de su semana en escribir `memos´ para que le compren gasolina o una refacción para su patrulla o en buscar militares para que le vendan municiones que sobren de algún decomiso. También va a Office Depot a comprar hojas, plumas o papel carbón que necesita para escribir sus informes o quizá toner para la impresora. “No siempre hay recurso para comprarlo así que también ahí andamos mendigando toner para poder imprimir o agitándolo a ver si sale algo”.

Y en medio de todo esto, intenta atender tanto los casos que se le acumulan como los nuevos homicidios que le asignan.

“No se archivan ni se cierran (los casos), pero no hay ninguna diligencia. Solo el informe de los hechos y la identificación del muerto… y así se quedan”, reconoce Laura.

No por nada esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. En Nuevo León, la tierra de Laura, como sucede en otros 26 estados, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes.

Laura (alias para proteger su identidad) dice que no recuerda los homicidios que le han asignado y que quedaron impunes. Las estadísticas pueden ayudarle: según los datos oficiales, si contamos los 6 mil 237 homicidios pendientes de resolver en Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2016, y los juntamos con los 98 policías de investigación adscritos a homicidios, veríamos que a cada uno le tocarían 64 homicidios por investigar.

Nuevo León puede considerarse afortunado. En Guerrero, con el mismo ejercicio, a cada uno de los policías de homicidios le tocaría investigar más de mil homicidios que siguen impunes.

El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación.

Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Visto a nivel estatal, en 27 de 32 estados el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera el 90 por ciento.

Solo se “salvan” Jalisco con 88.9% de casos no resueltos, Querétaro con 84.4%, Tabasco con 79.5%, Ciudad de México con 76.5%, Hidalgo con 60.6% y Yucatán con 56.6%.

Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.

Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentado un promedio de 2 mil millones de pesos cada año.

De 2008 a 2015 pasó de 27 mil a 43 mil millones de pesos.

Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendacionesde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad.

Hay lugares, por ejemplo, donde el dinero no llega y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En otros sitios el dinero llega, pero se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.

La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. En casi el 95% de los municipios se carece de una fuerza policial capacitada aunque sea para resguardar la escena del crimen, según la información de INEGI.

Y hay más problemas. Los fiscales y policías entrevistados revelan que no existe un protocolo homologado obligatorio que diga cómo investigar un homicidio y la mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas que lo hagan.

Peor: hay casos que sí se investigan, pero donde no importa buscar la verdad, sino detener a quien sea, aunque no sea culpable. Lo resultados se miden por detenidos y eso lleva a que encarcelen inocentes.

En México, el proceso para investigar un homicidio involucra a los policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público. En esta primera parte del reportaje solo se revisaron los salarios, el número y la capacitación de cada uno de ellos.

Los preventivos –que llevan uniforme– son los primeros en llegar a la escena del crimen para preservarla. Los policías de investigación, alguna vez conocidos como judiciales, son los encargados de buscar pistas y detener a los sospechosos. Los peritos son expertos que manejan y analizan la evidencias.

Y los agentes del ministerio público (o fiscales) especializados en atender homicidios son quienes coordinan la investigación.

Cada uno de ellos enfrenta sobrecarga de trabajo.

En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1.8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.

Pero ese es solo un promedio nacional.

En Guerrero, una de las entidades con mayores tasas de homicidio, cada agente tendría en promedio 906 casos pendientes.

En Colima, que es el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98.8%), cada agente tendría una carga de 148 asesinatos pendientes. Y como aquí resuelven menos que en Guerrero, tendrían también el récord de tiempo para terminar con su rezago:598 años para investigar solo los homicidios de 2010 a 2016.

Otro promedio nacional: cada fiscal de homicidios en México tiene menos de dos policías de investigación para ayudar a investigar.

¿Ayudaría a dichos fiscales tener más detectives para resolver con mayor rapidez los casos? Laura dice que sí, sobretodo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en Nuevo León hay mil 600 policías de investigación pero menos de 100 dedicados a homicidio. Y eso sin contar —según Laura— los que están asignados como escoltas de mandos y funcionarios.

Samuel Castillejos, exfiscal de Oaxaca, dice que en su estado han llegado a tener 300 órdenes de aprehensión por casos de homicidio no ejecutadas porque no hay quién lo haga.

El exsubprocurador de Ciudad de México, Luis Genaro Vázquez, añade otro problema: rotaciones injustificadas del personal que de por si escasea. “Se cambian a fiscales y comandantes con muchos años de experiencia por capricho de un mando superior”.

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