En la semana nos desayunamos con la noticia de un hecho inédito en México: el juzgado 55 en materia penal, de la Ciudad de México, condenó a 63 años de prisión al exsacerdote católico Carlos López Valdez, a quien se encontró culpable de abusar sexualmente de un menor de edad.

La sentencia llegó casi una década después de haberse interpuesto la denuncia en contra del presbítero por parte de Jesús Romero Colín quien, luego de sufrir múltiples abusos sexuales, decidió arrostrar el costo de someter su caso a la justicia.

El relato realizado por Romero, al dar cuenta de las agresiones sufridas, es verdaderamente atroz, pues detalla la forma en la cual un individuo a quien la comunidad religiosa otorga un lugar especial, aprovecha tal circunstancia para violentar la intimidad e inocencia de un niño.

Pero, por si faltara poco para calificar de abominables los hechos denunciados, tras el anuncio de la condena se han conocido detalles aún peores: el sacerdote López Valdez formaba parte de una red internacional de pornografía infantil, en la cual participaba compartiendo las fotografías tomadas a sus víctimas en México.

De hecho, según la información difundida, ha sido un conjunto de imágenes, sustraídas por Jesús Romero de los archivos de su victimario, la prueba determinante para probar su culpabilidad.

La sentencia emitida por el juez de la capital de la República debe ser saludada, sin duda, pues marca un parteaguas en la muy larga historia de denuncias formuladas en contra de sacerdotes católicos por haber cometido delitos sexuales contra niños en México.

Pero así como la condena debe ser recibida con beneplácito, ésta debe servir para insistir en la necesidad de combatir un problema paralelo gracias al cual un número indeterminado de sacerdotes ha perpetrado crímenes abominables: la existencia de una “red de protección” puertas adentro de la curia romana. Porque exactamente en la misma forma en la cual se ha documentado, en otras partes del mundo, la existencia de mecanismos internos de la iglesia católica para ocultar los delitos sacerdotales, en el caso de López Valdez existen múltiples señalamientos relativos a la protección de la cual gozó largamente por parte, entre otros, del exarzobispo primado de México, Norberto Rivera.

Tal protección, de acuerdo con el relato de su víctima, se mantuvo incluso cuando las autoridades eclesiásticas mexicanas tuvieron en sus manos las fotografías en las cuales el juez penal se basó para emitir su condena, lo cual implica la existencia de complicidad.

Tras la histórica sentencia, la Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado en el cual respaldó la condena, manifestó su disponibilidad para colaborar con las autoridades y se declaró absolutamente intolerante respecto de este tipo de conductas.

“No hay lugar en el ministerio para los que abusan de los menores, ratificamos nuestro criterio de actuación de tolerancia cero ante estas situaciones, y de la necesidad de informar, reconocer el mal y de pedir perdón”, señala el comunicado.

¿Estamos ante un genuino acto de contrición de la iglesia Católica o sólo frente a una manifestación conveniente debido a la magnitud del escándalo? Personalmente considero la existencia de una sola forma de probar la autenticidad del arrepentimiento eclesiástico: la puesta a disposición de las autoridades, de todos los miembros de sus filas sobre los cuales tengan información relacionada con actos de pederastia.

Y eso, desde luego, debe incluir a quienes, desde las altas esferas de la jerarquía católica, han decidido adoptar la vergonzante posición de cómplices de tales delitos.

ARISTAS
Si la manifestación de la Arquidiócesis Primada es auténtica, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, debería ser puesto a disposición de las autoridades como presunto responsable del delito de encubrimiento tipificado en el artículo 350 del Código Penal de Coahuila.

Respecto de la probable comisión de tal ilícito por parte de Vera López existe evidencia suficiente y la más relevante es la admisión pública, realizada por él mismo, de conocer la existencia de casos de pederastia de los cuales, no sólo omitió informar a las autoridades, sino ayudó a ocultarlos.

En términos estrictos, “don Raúl” —como suelen identificarlo sus subordinados en los comunicados de prensa— es un transgresor confeso pues ha reconocido sin ambigüedades haber conocido de la existencia de los delitos pero, siguiendo los cánones de la organización a la cual pertenece, decidió asumir sin rubor el papel de cómplice.

Tolerancia cero a los pederastas y sus cómplices? Podremos creerlo cuando veamos a Raúl Vera comparecer ante un juez.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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