Yezka Garza, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), quien recientemente ha sido señalada de haber intervenido para retirarle la custodia de su hijo a una joven madre, habría incumplido durante un año con los requisitos para ocupar ese cargo, según se desprende de información de autoridades federales y estatales. 

Entre marzo de 2015 y marzo de 2016, la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Coahuila estableció que la Procuradora y todo el personal de Pronnif estaban obligados a practicarse los exámenes de control y confianza; sin embargo, no existe evidencia que ella se los haya practicado. 

“Todo el personal de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Procuraduría, de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y de seguridad pública de los municipios, están obligados a someterse al proceso de evaluación y certificación de confianza...”, estableció el artículo 282 de la mencionada ley entre marzo de 2015 y marzo de 2016, antes de que fuera modificada.

Lo anterior cobra trascendencia luego de que desde mayo pasado VANGUARDIA dio a conocer el caso de Ángela Hernández Arenas, quien ha acusado a la Pronnif de Yezka Garza de intervenir en el retiro de la custodia de su hijo desde julio de 2015, a pesar de que un juez le otorgó la guarda y custodia del menor.

¿Y LOS EXÁMENES?

VANGUARDIA consultó en una primera instancia, en marzo de este año, a la Secretaría de Gobierno de Coahuila —de quien depende el Centro de Evaluación, y Control de Confianza del Estado— sobre los resultados de estos exámenes de todo el personal de Pronnif. La dependencia encargada de la política interna de Coahuila respondió: “Este centro se encuentra imposibilitado legalmente para proporcionar la información solicitada en virtud de la confidencialidad de los resultados”, se dice en el oficio SEGOB/UTSG/090/2016.

Víctor Zamora, secretario de Gobierno del Estado, afirmó en octubre del año pasado que los exámenes a altos mandos de dependencias estatales son realizados por la Federación: “Las evaluaciones de los altos mandos las realiza la PGR o el Cisen”. 

Por ello este medio consultó ante la PGR en febrero de este año sobre los exámenes de control y confianza de Garza Ramírez, y señaló que no tenía antecedentes, según la respuesta en el oficio SJAI/DGAJ/02149/2016.

Se realizó una nueva consulta, pero ahora ante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde manifestaron no tener registro en el número de solicitud 0410000031116. 

YA NO ESTÁ OBLIGADA: ESTADO

En una segunda solicitud realizada ante la Segob, ésta respondió que “la persona titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia no se encuentra obligada a someterse al proceso de evaluación y control de confianza”, según el oficio SEGOB/UTSG/377/2016 entregado el 17 de noviembre de este año. 

La respuesta se argumenta en dos leyes estatales. En primera instancia al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Coahuila, el cual no específica el tema de los exámenes de confianza. La otra norma citada es la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de los Niños y Niñas de Coahuila en su artículo 25, que tampoco es puntual sobre el tema. 

Al hacer una revisión a la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Coahuila, ya no aparece el artículo 282, luego de que fuera reformada por el Poder Legislativo en marzo de 2016.

El 2 de febrero VANGUARDIA informó que Patricia Rivera, delegada de la PGJE en la Carbonífera, no acreditó los exámenes de control y confianza, por lo que fue dada de baja.

¿UN AÑO SIN EVALUACIÓN?

- En abril de 2016 la Secretaría de Gobierno alegó “confidencialidad” para no mostrar los resultados de las pruebas de confianza del personal de la Pronnif.

- Pero el 17 de noviembre pasado la Segob señaló que la Procuradora no está obligada a someterse a la evaluación (luego de que fue reformada la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Coahuila).

- Además de lo anterior, ni PGR ni el Cisen tienen registros de las pruebas de confianza de la Procuradora de los Niños, Niñas y la Familia de Coahuila, según sus respuestas a solicitudes de información: