De acuerdo con las autoridades municipales de Saltillo, utilizar el teléfono celular mientras se conduce -particularmente para enviar mensajes de texto- constituye una de las prácticas más peligrosas que podemos realizar, incluso por encima de manejar en estado de ebriedad.

Más allá de los matices de lectura que puede tener el dato, o de la petición de información más precisa que puede generar la afirmación realizada por las autoridades, lo cierto es que múltiples estudios alrededor del mundo señalan al “texting” como una práctica creciente que constituye una amenaza para la seguridad de todos.

Y si damos por bueno el dato, el cuestionamiento le sigue de forma automática: ¿por qué dicha conducta no es combatida con mayor rigor si constituye el mayor peligro para la comunidad?

En otras palabras, ¿por qué si las autoridades municipales cuentan con información precisa en el sentido de que el “texting” es la más peligrosa de las conductas realizadas por quienes conducen vehículos automotores se han concentrado más en combatir el exceso de velocidad?

No se trata, por supuesto, de sugerir que deben dejar de instrumentarse acciones para impedir que los conductores circulen a exceso de velocidad en las calles, pues tal conducta representa claramente un riesgo de seguridad para muchas personas.

Se trata, sí, de llamar la atención respecto de la falta de correspondencia entre el diagnóstico y las medidas que se adoptan luego de contar con éste.

Porque si de lo que se trata es de combatir conductas indeseables -por peligrosas, en este caso- pues la lógica más elemental indica que debe comenzarse por aquellas que representen un peligro mayor, pues el combate a estas constituye un elemento que interesa más a la comunidad.

Desde esta perspectiva, en lugar de enfrascarse en el desgastante proceso de instrumentar el programa de “fotomultas” -o en forma paralela, si se prefiere- el Ayuntamiento debería enfocar baterías al diseño e implementación de medidas para combatir eficazmente el texting.

No es sólo responsabilidad del Ayuntamiento, por supuesto, y eventualmente las administraciones municipales carecen de las capacidades legales para poner en marcha algunas de las acciones más importantes en este sentido.

Sin embargo, incluso en el caso de requerirse la expedición de una Ley, el municipio puede participar en el proceso elaborando una iniciativa y remitiéndola al Congreso del Estado.

También puede, a través de las asociaciones de municipios a las que pertenece, impulsar la emisión de normas a nivel federal y promover la adopción de medidas conjuntas que multipliquen el resultado de las iniciativas para combatir el problema.

Múltiples cosas pueden hacerse y es de esperarse que se hagan, pues una amenaza tan severa como el “texting” requiere, sin duda, de acciones concretas y contundentes, acordes con su peligrosidad.