Un hombre que solicitó protección en Estados Unidos por miedo a ser perseguido por los Zetas, supuestamente proporcionó evidencias de que un Gobernador de Coahuila era “aliado cercano” de ese grupo criminal y “específicamente permitió el ataque” de Allende en 2011, además de supuestas pruebas de que policías participaron activamente en la masacre.

Según el caso 15-60532 y documento 00513845791 de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito en poder de VANGUARDIA, José Iruegas Valdez, solicitó protección porque presuntamente tiene nexos familiares con José Luis Garza y Héctor Moreno, quienes eran miembros de los Zetas antes de traicionar al Cártel y huir a EU con 5 mdd en efectivo y algunos de los libros de contabilidad del grupo criminal, además de convertirse en informante en 2011.

A raíz de dicha traición, los Zetas emprendieron una venganza en Allende, los Cinco Manantiales y Piedras Negras, con el objetivo de desaparecer y asesinar a todos los que tuvieran relación con José Luis Garza y Héctor Moreno.
En la audiencia, Iruega Valdez declaró que tenía miedo de regresar a México porque una prima hermana se casó con un tío de Garza, mientras que Moreno es segundo primo por parte de la madre. 

“Los Zetas... enviaron 50 camionetas de gente donde yo nací, fueron a la ciudad y levantaron a muchos miembros de mi familia”, comentó. 
Declaró que al menos 10 de sus familiares cercanos fueron asesinados, entre ellos su primo hermano, Arnoldo Pérez Iruegas Velasco, quien fue decapitado, y la esposa de Arnoldo, que estaba embarazada de 8 meses en ese momento. 
Iruegas Valdez afirmó que al menos 200 personas asociadas con los Garza y Moreno fueron ejecutadas y que el cártel sigue buscando miembros de la familia. 

Por lo que Iruega pidió protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) en EU y acudió a la Corte de Apelaciones demandando a la Fiscal General Sally Q. Yates, la misma que ayer despidió el presidente de EU, Donald Trump, por ordenarle al Departamento de Justicia no defender el veto migratorio.

Además apeló ante la negativa de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés) y el Juez de Inmigración de solicitar la retención.

En primera instancia, el argumento de la negativa estribó en que la tortura se relacionaba con acciones por parte de funcionarios públicos, situación que según la BIA y el Juez de Inmigración, no acreditaba el solicitante. 

Sin embargo, con fecha del 23 de enero de 2017, la Corte de Apelaciones anuló la decisión y pidió que se regresara el asunto y se tomara en cuenta las pruebas de que los policías fueron participantes activos en la masacre y de que un Gobernador de Coahuila era un aliado de los Zetas y permitió el ataque, pues la Fiscal General consideró que ni la BIA ni el Juez de Inmigración consideraron estas pruebas para determinar si el solicitante sería torturado “por” o con el “consentimiento” de funcionarios gubernamentales, lo que calificó como de un error.