Bogotá. La dejación de las armas por parte de las FARC es un hito histórico de gran importancia en Colombia, pero la gran preocupación es que sus antiguos territorios son ocupados por bandas del narcotráfico y delincuencia común, advirtió un estudio de la fundación Paz & Reconciliación.

El hecho más destacado en el último trimestre en Colombia -según el estudio Como va la paz-, es la finalización del proceso de dejación de armas de la dotación individual de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que están en proceso para convertirse en partido político.

El pasado 27 de junio, Naciones Unidas certificó la dejación de siete mil 132 armas entregadas por poco más de seis mil 800 guerrilleros, es decir, “más armas que guerrilleros, un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo”.

Recordó que en la desmovilización paramilitar en Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la dejación de armas duró tres años y se “entregaron 18 mil 051 armas y se desmovilizaron un total de 31 mil 671 combatientes.

Es decir, un arma por cada dos paramilitares, o lo que significa lo mismo, casi la mitad de los desmovilizados paramilitares no entregaron armas.

En Afganistán, que según comparaciones “fue el proceso de paz donde más armas por insurgente se habían entregado, en total fueron 63 mil desmovilizados y se entregaron 47 mil 575 armas, es decir, 0.76 armas por desmovilizado”.

De ahí que “la dejación de armas de las FARC sea un hito porque la relación entre guerrillero y arma es de uno a uno, cifra que seguramente va a aumentar una vez que termine el proceso de recuperación de las armas ubicadas en las caletas”.

Según el informe de la fundación Paz & Reconciliación, con el cese al fuego bilateral que ha estado vigente desde el junio 2016, en Colombia se “ha salvado a más de tres mil personas de morir o quedar heridas en acciones relacionadas con el conflicto armado”.

Igualmente, los indicadores de violencia se fueron “a la baja en 2016. En los 281 municipios priorizados para el posconflicto se pasó de tres mil 507 homicidios a tres mil 157. Igualmente, en muchos de estos municipios los secuestros descendieron hasta llegar a cero y los niveles de extorsión bajaron”.

De acuerdo con el reporte, “las zonas donde antes operaban las FARC han comenzado a ser copadas por organizaciones criminales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o sencillamente se presenta una situación de anarquía criminal (…) Esto ha elevado la violencia homicida en algunos municipios”.

Recordó que las estructuras de las FARC operaron “en 242 municipios, se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad estatal, sin embargo hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales”.

La expansión de Grupos Armados Organizados (GAO) “ha sucedido en zonas en las que hay actividades de economías ilegales, como minería criminal y cultivos de uso ilícito”.

La estrategia de expansión del Clan del Golfo “tiene como aspecto clave la subordinación de grupos más pequeños, que tienen operatividad en el plano local, pero carecen de la capacidad armada y económica para mantener el control de una región de manera independiente”.

El Clan Úsuga controla “estas pequeñas estructuras bajo la modalidad de franquicias. Esto permite que la expansión de las estructuras criminales en las regiones no se produzca con altos niveles de violencia, no hay confrontaciones y se hace uso de la violencia de manera selectiva, de allí los altos niveles de victimización contra líderes sociales”.

En la información recolectada por la Fundación Paz & Reconciliación se constata que sólo hay “una disidencia de las FARC propiamente dicha. Esta se viene unificando en el sur del país, específicamente en los departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta y Caquetá.

Las otras expresiones de “miembros de disidencias operando en territorios son realmente grupos de desertores, cuyo único propósito es apoderarse de las rentas ilegales aprovechando el vacío de poder dejado por las FARC. En todo caso estos grupos de desertores causan una gran victimización en las zonas donde operan”.

En otros territorios parece que “la salida de la guerrilla generó una especie de auge de la anarquía criminal, es decir la inseguridad ha aumentado con la salida de las FARC: el abigeato, el atraco en carretera y los conflictos vecinales que terminan en violencia”.

“Esto significa que no se trata de crimen organizado, sino de delincuencia común que ha comenzado a aumentar”, advirtió la investigación independiente.