Saltillo.- Este 2016 debería ser el último año en el que la empresa Equipamientos Urbanos de México (Eumex) operara en Saltillo, pero estratagemas legales y “letras chiquitas”, mantendrían a la compañía española vigente y cobrando al Ayuntamiento… al menos ¡hasta el 2028!

 En efecto, ya han pasado prácticamente 15 años desde que se firmara el convenio entre el Ayuntamiento de Saltillo –presidido entonces por Óscar Pimentel González-, y Eumex, empresa de mobiliario urbana que maneja parabuses, “mupis” y bancas, pero la vigencia podría extenderse al menos 12 años más.

Según registros periodísticos de VANGUARDIA, originalmente el convenio debería concluir en 2016, pero hasta el 2013 no había empezado a correr el plazo, pues una cláusula en el contrato asienta que mientras no se terminara de instalar la totalidad del mobiliario, no comenzaría a contarse formalmente el tiempo.

Hasta enero de 2013, tras realizar un conteo en campo, la Dirección de Imagen Urbana y Centro Histórico, se descubrió que Eumex aún no colocaba seis parabuses, razón por la que no podía empezar a correr el contrato de 15 años que tiene con el Municipio desde 2001.

La compañía de origen español tiene permiso de colocar 225 mupis (paneles publicitarios en las banquetas) por toda la ciudad, sin contar los 375 parabuses que también incluyen los paneles publicitarios.

Según la cláusula 26 del contrato de usufructo, se establece que las partes convienen que el plazo de concesión tiene una vigencia de 15 años.

Señala que ese plazo comenzará a contarse precisamente al día siguiente de que la Alcaldía haya entregado a la usufructuaria todas las autorizaciones y otorgado todos los permisos o licencias necesarias para llevar a cabo la instalación, operación y explotación publicitaria de la totalidad del mobiliario urbano. Hasta enero de 2013 el plazo no había iniciado todavía.

 Según ha publicado VANGUARDIA en este lapso, las irregularidades con el contrato iniciaron desde 2001, cuando Eumex comenzó a instalar los primeros parabuses.

Fue hasta septiembre de ese año que se pudo firmar formalmente el contrato, argumentando que la parte privada tenía un problema con su representación en México.