El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Flavio Galván Rivera indicó que es necesario establecer las reglas relativas al financiamiento público para las candidaturas independientes.

Afirmó que para garantizar una contienda equitativa se requiere legislar, a fin de que quienes busquen un cargo de elección popular mediante la candidatura independiente reciban la misma cantidad de financiamiento público que los postulados por los partidos políticos.

Al participar en el panel “Financiamiento de los Partidos Políticos y Campañas Electorales”, en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, señaló que los candidatos independientes no tienen la posibilidad de competir de manera equitativa con los postulados por los partidos políticos.

En este marco, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF se pronunció porque las reglas electorales sean aplicables para ambas candidaturas, de acuerdo con un comunicado.

“Que se establezca la normativa constitucional a partir de la cual deba existir en cada una de las entidades federativas los lineamientos, las disposiciones legales en materia de financiamiento de candidatos independientes”, comentó.

Galván Rivera refirió que el financiamiento público es indispensable para que los institutos políticos lleven a cabo sus actividades ordinarias.

La ley establece que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, de manera que el límite de las aportaciones de los particulares para candidatos y precandidatos, no puede ser mayor de 10 por ciento del monto total de gastos de campaña.

Subrayó que la reforma constitucional de 2014 estableció como causal de nulidad el rebase del tope de gastos de campaña en cinco por ciento, la existencia de contratación de tiempo en radio y televisión fuera de la ley y el financiamiento de origen ilícito.

El magistrado recordó que para garantizar el cumplimiento de la ley, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo la revisión de los ingresos y egresos de los partidos políticos a través de la Unidad Técnica Especializada en Fiscalización, tanto de las actividades ordinarias como de las campañas políticas.

Además, puntualizó que se creó la Sala Regional Especializada para aplicar sanciones a los partidos que violen la ley.

En este contexto, dijo que hasta ahora no se ha impuesto la máxima sanción que es la cancelación del registro de un instituto político nacional, ni se ha consignado a persona alguna por un delito en materia electoral y, en específico, por financiamiento.

“Ha faltado quizá el trabajo coordinado del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para saber si ha existido algún delito”, acotó.