El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación parece haber ingresado en un proceso de crisis institucional que amenaza con demolerlo desde sus cimientos. Para una institución fundamental de la democracia mexicana esta es una muy mala noticia.

Como se ha informado con profusión, cinco de los siete integrantes de su Sala Superior decidieron ayer “deponer” a quien ocupaba -a decir de él la sigue ocupando- la presidencia de dicha institución, el magistrado José Luis Vargas Valdez y nombraron en su lugar al también magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Se trata de un hecho inédito pues, aun cuando en las instituciones públicas, particularmente aquellas que son gobernadas por un órgano colegiado, existan tensiones que sean conocidas públicamente, estas suelen resolverse por los “cauces institucionales” y raramente producen episodios como el que atestiguamos ayer.

Vargas Valdez salió ayer mismo a decir, minutos después de su “destitución”, que no existen atribuciones legales para tomar tal decisión y, por tanto, se trata de una decisión espuria. Pero también dijo que hoy convocará al diálogo y la conciliación a sus compañeros.

La “moción de censura” votada por los cinco magistrados disidentes constituye el epílogo de un proceso de descomposición de la imagen pública del Tribunal, a partir de las críticas enderezadas, sobre todo en contra de Vargas Valdez, en primer lugar por las posiciones adoptadas en su actuación como juez, y luego por las acusaciones formuladas en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

La confrontación pública, más allá de evidenciar las tensiones naturales en un órgano colegiado, revelan la necesidad de instaurar mecanismos capaces de dar cauce a situaciones como la que enfrenta el Tribunal, cuando quien lo preside se encuentra sujeto a investigaciones por acusaciones tan graves como las formuladas contra Vargas Valdez.

Es preciso decir, desde luego, que en tanto no se dicte sentencia en su contra, el magistrado del TEPJF -igual que cualquier otra persona- debe ser considerado inocente y eso implica que no se le impongan cargas que dejen de lado este principio.

También es cierto, sin embargo, que la actuación de un juez constitucional debe estar lejos de toda sospecha y que su imagen de honestidad constituye un presupuesto indispensable para que sus sentencias tengan, además de fuerza legal, contundencia moral y ética.

No estamos pues ante un hecho menor, sino ante una crisis que amenaza gravemente la solidez de una institución indispensable para la democracia mexicana. Por ello, resulta indispensable que, además de los magistrados integrantes de su Sala Superior, los distintos actores políticos con capacidad para intervenir en este caso lo hagan para contener el daño lo más pronto posible.