“Hablé con el subdirector del turno, hasta las 18: 00 horas se les va a dar chance de retirar el cuerpo. Si no, se va a proceder con el ministerio público”.

José Eduardo Torres, de 32 años, recibió este ultimátum a través de una llamada de una empleada de Trabajo Social del Hospital Siglo XXI. Habían pasado doce horas desde el fallecimiento de su madre, Irma Cancino Cárdenas, de 65. Tanto durante sus 40 días de hospitalización como en el momento de morir, la mujer sufrió las consecuencias del impacto que el COVID-19 ha tenido en el IMSS.

En vida, porque se redujo el número de doctores para la atención a los pacientes debido a que el sistema ha tenido que reconvertirse para hacer frente a la pandemia. En la muerte, porque las funerarias están saturadas ya que no hay hornos crematorios a los que llevar a los fallecidos.

Irma Cancino Cárdenas murió a las 3:28 horas del jueves 30 de abril. A las 15;45, sus hijos seguían buscando una funeraria que se hiciera cargo del cuerpo.

La mujer es originaria de Tuxtla-Chico, en Chiapas, y hasta allí quieren llevarla para su último descanso. Para ello, antes debían cremarla, pero se encontraron con uno de los efectos de la pandemia de coronavirus: los hornos en los que se incineran a las personas fallecidas en Ciudad de México están colapsados. Por eso las funerarias no pueden comprometerse a recoger los cadáveres.

“Hablamos a siete, ocho funerarias. Nos decían que hasta el domingo, hasta el lunes”, explica Torres, de 32 años. Los precios que pedían oscilaban entre los 32 mil pesos y los 16 mil. Pero la clave era el tiempo. No disponían de tanto. Si la funeraria no llegaba hasta el lunes eso implicaba dejar el cuerpo en el hospital hasta entonces. Y no era posible.

Doce horas después del fallecimiento de su madre, cuenta Torres que recibió la llamada de la trabajadora social en la que le amenazaba con deshacerse del cuerpo a través del Ministerio Público.

Animal Político quiso saber la versión del IMSS, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, “el ministerio público no tiene competencia para intervenir en un caso relacionado con el deceso de una persona por causas naturales en un hospital, a menos que se denuncie algún delito”.

La situación era desesperada. Al shock del fallecimiento de su madre y el agotamiento de más de un mes acompañándola en el hospital se le unió el ultimátum.

“Estábamos con mucha presión. Por suerte nos topamos con un chico que estaba recogiendo otro cuerpo, nos dio los datos y la pudimos sacar”, explica.

El calvario de la familia no terminó ahí. El cuerpo había sido trasladado al área de patología y no permitieron que ninguno de sus hijos se acercara para identificarlo. “Solo permitieron que un trabajador de la funeraria le sacara una foto. Nos dijeron que ahí también había cuerpos de personas que habían muerto por COVID-19, por lo que no podíamos entrar”, explica.

“Estamos llegando ahora sí al borde del colapso. Desde hace tres días los crematorios se saturaron y nosotros no podemos recoger un cuerpo sino hay donde incinerarlo. No tenemos bodegas donde retenerlos y tampoco eso es lo recomendable”, dijo David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de CDMX, organización que agrupa a más de 450 funerarias.

En entrevista con Animal Político, Vélez explicó que en la ciudad hay 22 hornos crematorios. De esos 16 son particulares y pertenecen a las grandes cadenas funerarias, mientras que los seis restantes son del gobierno local, y están ubicados en las alcaldías de Cuajimalpa, Xochimilco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan.

Los seis hornos de la ciudad son utilizados por el resto de las funerarias para cremar cuerpos. En condiciones normales estos son suficientes, sin embargo, con el crecimiento de la pandemia y la demanda de cremaciones esta infraestructura ha quedado rebasada.

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