La semana ha iniciado con muchas noticias económicas de alto impacto para todos en este país. Para comenzar, el domingo pasado el presidente López Obrador anunció que las pensiones otorgadas a través de los programas sociales a adultos mayores aumentarían, desde el mes de julio de este año en un 15%, pero además irían aumentando en los siguientes 5 años hasta alcanzar los seis mil pesos mensuales. Hoy esos programas sociales otorgan a las personas mayores de 68 años la cantidad de 2 mil 800 pesos bimestrales. La pregunta que surge de inmediato es ¿De dónde saldrán los recursos para pagar esos montos en un año que tendrá problemas graves de recaudación fiscal por la crisis que se vive? Hay otro dato importante para entender la dimensión del anuncio del presidente, en la actualidad la recaudación del IVA representa el 14% del producto interno bruto (PIB), las pensiones bajo el nuevo esquema (las que paga el gobierno federal más las que da como parte de programas sociales) representarían el 16% del PIB. En pocas palabras, serán más costosas las jubilaciones que la recolección del segundo impuesto que más dinero da a la federación. Por lo tanto, habría que analizar cuál será la estrategia utilizada para cubrir esta diferencia y poder hacer frente a este compromiso; sólo hay dos opciones: aumentar impuestos o recortar presupuesto a rubros ya muy castigados como educación y salud que parecen los más viables.

Sin embargo, ya lo ha dicho hasta el cansancio el presidente; no habrá aumento de impuestos, aunque sí podrían aumentar los especiales e indirectos. Lo que parece claro es que los estados recibirán todavía menos dinero en el año 2022 y de esa forma el gobierno federal los obligará a cobrar impuestos, dejando el costo político a éstos ya pasando las elecciones intermedias. Por si fuera poco, dentro del anuncio presidencial se dijo que se reducía la edad para recibir el apoyo de 68 a 65 años, incrementando la carga fiscal del gobierno. No sólo se dará más dinero, sino también a más personas por más tiempo. Este sólo hecho tiene un efecto muy fuerte para las finanzas públicas de los siguientes años. Al final será el presupuesto estatal el que pague los cambios.

En esta misma semana se dio a conocer el indicador de precios de la segunda quincena de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor que llegó a 0.53%, poniendo en evidencia la inflación más alta desde 1998. Es entendible este aumento de precios por la presión del aumento de las gasolinas, los alimentos y el gas natural y LP. En el caso de las gasolinas, el aumento generalizado que han tenido desde noviembre del año pasado, se ha debido al aumento del precio del petróleo crudo y a los costos de refinación más altos de Estados Unidos, país de donde importamos estos productos. Tampoco ayudó que durante un par de semanas se dio un aumento del tipo de cambio que llevó al dólar a los 22 pesos. El incremento de precios pudo haber sido mayor de no haber sido porque en este tiempo de pandemia la demanda se ha mantenido relativamente baja al haber menos autos circulando por el cierre de escuelas y negocios. Para el caso de los alimentos, se ha producido un fenómeno de múltiples aristas, empezando por los aumentos al consumo, y nulos aumentos de la oferta. La gente durante el encierro ha consumido un 20% más de alimentos procesados como una forma de pasar con mejor estado de ánimo las restricciones sanitarias. Sin embargo, la soya incremento su precio en un 48%, el sorgo, base de la alimentación animal, subió más de 80%, el maíz en Estado Unidos casi duplicó su valor en 2020, lo que ha incrementado el precio de los alimentos de origen animal de manera considerable. Del gas ni que decir, su precio impagable propició un gran apagón. Los expertos internacionales afirman que en este año los alimentos procesados para consumo humano podrían aumentar hasta un 40%.

Bajo las condiciones inflacionarias actuales, la economía nacional tendrá serios problemas para alcanzar el tan anhelado 5% de crecimiento de la economía. Por lo pronto lo que se ve es que los precios no cederán fácilmente porque sigue habiendo problemas en las cadenas de producción y dentro del sistema financiero que no acaba por adaptarse a la incipiente recuperación.

Esta misma semana, el Banco de México reaccionó al incremento de la inflación y dejó la tasa de interés en 4%, sin cambios, para no tener rendimientos nominales negativos. Como consecuencia, el costo del dinero se mantiene y el potencial alivio que esperaban los deudores a través de una reducción de la tasa de interés, no se dio. Ya el sistema financiero en este fin del primer semestre ha mostrado debilidad al tener menor colocación en los créditos (-4.6% en términos reales) y aumentos de impagos de deudas que podrían alcanzar ya más allá del 20% del número total de créditos otorgados. Es un escenario peligroso donde la inflación aumenta, el desempleo aumenta y el costo del dinero aumenta.

Puede entenderse que el presidente López Obrador haya decidido aumentar las pensiones, vienen las elecciones intermedias en dos meses y su gobierno no ha tenido los resultados prometidos y es necesario generar acciones que cuesten “poco” para que den a las personas esa sensación de bienestar que genera votos. Llama la atención porque se había prometido de su parte que no habría ya más cambios en ese tema después del aumento que se dio a las pensiones del Seguro Social. Para un país en acelerado proceso de envejecimiento de la población, aumentar las pensiones es poner mucha presión sobre las finanzas federales, pues de allí saldrán los recursos de este programa social. Las consecuencias de ese anuncio es que habrá más dinero que valdrá menos por la inflación y que costará igual de caro porque los intereses no bajarán.