Después de leer a Dostoievsky afirmar que si Dios no existiera todo estaría permitido, Jean Paul Setre reflexionaba sobre el desamparo en el que está envuelta la existencia humana. Su conclusión era tan contundente como angustiante: “el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre”.

Poco ganaríamos debatiendo si Dios existe o no, lo que es indiscutible es la condena social que tenemos de reinventarnos como seres humanos, en lo individual y en nuestros diferentes colectivos. Entonces, la pregunta clave se responde con el resultado de esa condena. El informe “En el desamparo” que presentaron de la mano el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no podría tener mejor título. Revela la opacidad de expedientes judiciales, la niebla que cubre las masacres pero sobre todo, la negligencia del Estado. Hace evidentes las formas en las que el hombre se ha ido inventando.

Con la pluma de los Dr. Sergio Aguayo y el especialista en derechos humanos Jacobo Dayan, se describe la brutalidad de dos tragedias: Allende, Coahuila (marzo del 2011) en donde coincidieron cientos de desapariciones forzadas y San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010) en donde se perpetró el asesinato masivo de 72 migrantes. Lo dicen con todas sus letras: estos dos hechos fueron perpetrados por la organización criminal de Los Zetas.

Después de una revisión exhaustiva de expedientes encontraron un sinfín de contradicciones por parte de las autoridades implicadas en la investigación. Para el nivel de violencia experimentado en San Fernando, nos ofrecen cifras escalofriantes que efectivamente demuestran que “ese municipio tamaulipeco, era en 2010 un campo de exterminio”. Comparan el 2009 en el que se presentaron casi 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, con el 2010 en donde los homicidios se incrementaron a 100.5 por cada 100 mil habitantes.

Los autores del informe demuestran como las averiguaciones en el caso de Allende replican las debilidades típicas del sistema penal mexicano, de modo que las investigaciones se reducen a presentación de testigos que den testimonios inculpatorios. Advierten entonces las consecuencias de no poder probar la veracidad de los dichos: “No hay precisión para determinar los hechos, es complicado asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparación del daño a las víctimas”.

Otra de las evidencias documentadas en este Informe, es el papel del Estado como perpetuador de la impunidad y por lo tanto como operador de complicidad. Uno de los obstáculos que debieron sortear fue el acceso a la información, en donde les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, así como por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Coahuila y el CEAV les proporcionaron acervos de los hechos, encontraron omisiones y errores garrafales.

El informe describe omisiones por parte del Estado en el seguimiento de las dos tragedias. Por lo que respecta a los hechos de Allende, la CNDH durante la administración de Raúl Plasencia “hizo una investigación sobre la masacre, pero nunca se interesó por entender el papel jugado por la policía y los gobiernos municipales”. Nos relatan después cómo fue que el Gobierno de Estados Unidos a través del cónsul se interesó por las fosas clandestinas tras los rumores de que dos de los cuerpos correspondían a ciudadanos estadounidenses. De aquí se deriva la conclusión de que hubo colaboración directa de policías municipales con los zetas. A esto se suman una nota escueta de la SIEIDO que parafrasea a un delincuente “Los policías y agentes de tránsito de San Fernando ayudaban a la organización de los zetas”.

La narrativa de las investigaciones obligó a los autores del Informe a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué papel jugaron los gobiernos locales, el Gobierno federal y los organismos autónomos de derechos humanos?

En su respuesta, señalan las negaciones y la ineficiencia de Torre Cantú en Tamaulipas y las omisiones e insuficiencias del Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila. Concluyen que “las víctimas de San Fernando y en, menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de parte de los gobiernos de los estados”. Por lo que se refiere a la CNDH afirman que no cumplió con sus obligaciones para prevenir la violación de derechos humanos. En actos constantes de autolimitación favoreció la impunidad de los crímenes. En el caso del Gobierno federal, se preguntan cuál fue la racionalidad tras la pasividad ante el control ejercido por los zetas en esa zona. No hay datos que la justifiquen.

El desamparo de las víctimas y sus familiares rebasó el abandono y se consolidó en omisiones voluntarias que inevitablemente nos hacen sentir en carne propia el miedo, la angustia y la desolación que implica carecer de protección y defensa cuando los criminales tienen de su lado a las autoridades. ¿Son sólo los habitantes de Coahuila y los de Tamaulipas quienes viven a expensas del crimen y la obcecación de las autoridades? ¿Hay algún camino para impedir la institucionalización de este desamparo?

Por lo pronto, este informe es un diagnóstico elaborado desde la academia y la sociedad civil que da luz para que, condenados a inventarnos a nosotros mismos, reconstruyamos un Estado que ampare la vida y arrope los derechos.

Por Maite Azuela