CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Policía Federal detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Henry Javier “N”, un exintegrante de las Fuerzas Armadas de Honduras a quien se le imputa la muerte de la activista Berta Isabel Cáceres Flores, ocurrida el 3 de marzo del año pasado.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto Nacional de Migración (INM), elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal, ubicaron al ex militar hondureño en la colonia Narciso Mendoza, en el municipio de Reynosa.

De inmediato se realizó un operativo para cumplimentar la orden de aprehensión contra Henry Javier “N”, quien contaba con una ficha roja emitida por la Interpol.
“Con la información obtenida, elementos federales implementaron vigilancias fijas y móviles en el municipio de Reynosa; como resultado, el acusado fue ubicado en las inmediaciones de la colonia Narciso Mendoza, donde fue detenido sin efectuar un solo disparo”, informó la dependencia.

Tras el asesinato de la activista indígena Bertha Cáceres su familia ha responsabilizado a las empresas y al Gobierno, por ser los principales promotores de los proyectos a los que se oponía Bertha, por considerarlos un despojo contra los indígenas.

Henry Javier fue trasladado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se revisa su situación migratoria, y posteriormente iniciar el proceso de extradición para entregarlo a las autoridades de Honduras.

La activista defensora del medio ambiente, Berta Isabel Cáceres Flores, fue asesinada en su domicilio cuando se encontraba con su familia.
Quién era

Berta Cáceres, fue una de las defensoras más reconocidas de los derechos humanos, los pueblos indígenas y el medioambiente y, al mismo tiempo, de las más amenazadas de Honduras.

Cáceres, indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso Goldman Environmental Prize, había denunciado en numerosas ocasiones que había sido amenazada y que temía por su vida. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección. En el momento de ser asesinada ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente.

Fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH).