La intención del gobierno federal de fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta límites vinculados con garantizar la competencia económica con los pares privados de esas dos empresas productivas del Estado, de conformidad con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En términos generales, el gobierno de México no puede dar ventajas a Pemex o la CFE que impliquen una discriminación relacionada con el comercio exterior en América del Norte o un inversionista establecido en Canadá o Estados Unidos.

De manera transversal, en el Capítulo de Inversión del T-MEC se establece que inversionistas de cualquier sector podrán recurrir a un procedimiento de solución de controversias inversionista-Estado en caso de violaciones de las siguientes disciplinas: Trato Nacional (únicamente post- establecimiento), Trato de Nación Más Favorecida (sólo post- establecimiento) o Expropiación Directa.

Cualquier violación a las demás disciplinas previstas en el Capítulo de Inversión podrá recurrirse en el procedimiento de solución de controversias Estado-Estado.

Kennet Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México y socio de la consultoría AGON, indicó recientemente a El Economista que las recientes limitaciones a inversiones en la producción de energías renovables en México han propiciado amparos por parte de algunas empresas, un asunto que puede dar origen a uno o más paneles de solución de controversias.

Para sectores estratégicos, el T-MEC establece un mecanismo inversionista-Estado tradicional, al que podrán recurrir los siguientes cinco sectores por violaciones a cualquier disposición prevista en el Capítulo de inversión (incluido expropiación indirecta y nivel mínimo de trato): energía, generación de electricidad, transporte, telecomunicaciones e infraestructura.

Para poder recurrir al mecanismo, de acuerdo con la consultoría Iqom, el inversionista deberá contar con un contrato firmado por las autoridades del Estado receptor de la Inversión, según se define en el Capítulo, firmado con las autoridades del Estado receptor de la inversión.

El contrato únicamente es la “llave de acceso” al arbitraje. Las disposiciones del propio contrato no podrán ser arbitrales al amparo del T-MEC. Una vez que el inversionista cuente con un contrato para efectuar una determinada actividad, podrá llevar el caso inversionista-Estado sobre violaciones a cualesquiera otras actividades aun cuando éstas no hayan sido formalizadas a través de un contrato.

En particular, durante la vigencia de su Plan de negocios 2019-2023, Pemex propone, entre otros objetivos, mantener su nivel actual de endeudamiento neto, acelerar el desarrollo de reservas de petróleo y gas, incrementar la producción de hidrocarburos, expandir gradualmente la capacidad de refinación de combustibles y petroquímicos y fomentar la participación del sector privado en las operaciones comerciales de Pemex a través de contratos de servicios.

A su vez, en 2019, CFE llegó a acuerdos conciliatorios con respecto a procedimientos arbitrales relacionados con ciertos costos en los que incurrió debido a un retraso en el inicio de operaciones de siete gasoductos de gas natural destinados a abastecer a la CFE de gas natural para la generación eléctrica.

AMLO defiende política

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su postura de defensa de la CFE y Pemex, por encima de las empresas privadas, incluso, dijo, de ser necesario, presentará una iniciativa de reforma para que se reafirme dicho principio.

“Nosotros sin nacionalizar, sin expropiar, con los márgenes que tenemos, vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad por el bien del pueblo, porque si no, y no es excusa, no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos, que hasta ahora no han aumentado y no van a aumentar”, sostuvo el mandatario.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador también advirtió que en caso de tener márgenes en la legislación actual debido a la “mal llamada reforma energética -que significó ajustar el marco legal para beneficio de particulares”, presentará modificaciones a la Constitución para que se reafirme el principio de que en materia energética será siempre predominante el interés de la nación.

Asimismo, al responder cuestionamientos sobre una posible fuga de inversiones en el sector, el presidente expresó que los inversionistas saben muy bien que tienen campos suficientes para invertir en México, ello, siempre y cuando se respeten las leyes de México y no haya corrupción.

Incluso, expresó que los términos originales del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) eran “muy entreguistas” con el sector energético nacional.

“Legisladores de Estados Unidos, apoyando a las empresas particulares, dicen que el gobierno de México está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. ¡Pues claro que sí! ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes. El sábado dije que me pagaba el pueblo de México no Iberdrola, pero están muy mal acostumbrados, Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la que era secretaria de Energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a (Felipe) Calderón”, subrayó.