El presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó este lunes una nueva ley antiterrorista que entrará en vigor a partir del miércoles.

Dicha norma dará carácter permanente a varias medidas de seguridad excepcionales, lo que permite levantar el estado de emergencia aplicado de forma ininterrumpida durante casi dos años.

En un breve acto de rúbrica delante de las cámaras, Macron señaló que dentro de dos años se evaluará esta nueva ley, adoptada por una amplia mayoría del Parlamento, donde la respaldaron 415 de los 577 diputados y 242 de los 348 senadores.

"Esta ley nos permitirá poner fin al estado de emergencia a partir del 1 de noviembre y seguir garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos", dijo Macron, quien firmó la ley en su despacho en el palacio del Elíseo ante las cámaras de televisión.

El portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, apuntó que con el nuevo dispositivo promovido por el jefe del Estado se quiere poner fin al estado de emergencia activado inmediatamente después de los ataques yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, que es una herramienta temporal para circunstancias excepcionales.

El ministro del Interior, Gérard Collomb, defendió algunas de las disposiciones más polémicas al poner el acento en que la amenaza terrorista sigue siendo grande.

A ese respecto, recordó el atentado terrorista en el que fueron asesinadas dos jóvenes delante de la estación de Marsella el pasado 1 de octubre.

Collomb se refirió a la puesta en marcha de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados, como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia, en los que se procederá al control sistemático de las personas que entren, recurriendo eventualmente a agentes de seguridad privados.

Los prefectos estarán habilitados para clausurar centros religiosos desde los que se profieran discursos que inciten a la comisión de actos terroristas, y el ministro precisó que actualmente hay 11 clausurados.

Al igual que durante el estado de emergencia, el Gobierno podrá limitar los movimientos de personas que se considere que tienen vínculos con organizaciones terroristas, una medida que afecta en la actualidad a 41 personas.

Lo que cambiará es que aumenta el marco de las restricciones de desplazamientos al municipio de residencia, y que tales personas deberán fichar diariamente en comisaría.

Igualmente seguirán vigentes los registros administrativos de domicilios, aunque estarán sometidos a autorización previa por la autoridad judicial, que también podrá ejercer un control sobre el tratamiento de los elementos que se requisen.

Conforme a la agencia France Press, la ley ha sido severamente criticada por la izquierda radical y las organizaciones defensoras de los derechos humanos porque, sostienen, viola la presunción de inocencia y el respeto de la vida privada.

Asimismo, también ha sido criticada por expertos de la ONU:

"Perennizar mediante este proyecto de ley los poderes de emergencia amenaza gravemente la integridad de la protección de los derechos en Francia", advirtió recientemente una de ellos, la irlandesa Fionnuala Ní Aoláin.