El Tribunal Constitucional español dio un esperado golpe al proceso independentista catalán al suspender cautelarmente la resolución secesionista aprobada hace dos días en el Parlamento de Cataluña, que pretendía abrir el camino hacia un nuevo Estado en la región española.

Los magistrados que componen el alto tribunal decidieron por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado pocas horas antes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que supuso la suspensión automática hasta que se falle al respecto.

Por primera vez, además, acordaron notificar personalmente la resolución judicial a 21 cargos públicos de Cataluña, entre ellos, al jefe del Ejecutivo, Artur Mas, y a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell.

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Tal y como había solicitado el Gobierno español, les advierte también de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acatan la decisión, en virtud de una reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional que persigue hacer más efectivas sus resoluciones.

En una primera reacción, el Gobierno catalán anunció que su prioridad es "cumplir" la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el lunes, que preveía iniciar formalmente el proceso hacia la creación un nuevo Estado catalán "en forma de república".

"No es una desobediencia (al Constitucional) sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento", dijo en rueda de prensa la "número dos" en funciones del Ejecutivo catalán, Neus Munté, tras conocer la decisión judicial.

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La vicepresidenta acusó también al Gobierno de Rajoy de "utilizar" el alto tribunal para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña, en sus palabras.

El jefe del Ejecutivo español puso en marcha la maquinaria del Estado el lunes nada más conocer la aprobación de la resolución independentista, que fue apoyada en la Cámara catalana por los grupos secesionistas Junts pel Sí, coalición impulsada por Mas, y el partido anticapitalista CUP.

Hoy, a primera hora de la mañana, el Consejo de Ministros se reunió en sesión extraordinaria para dar luz verde al recurso, que poco después fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

"Este recurso no es solo la reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país", dijo Rajoy en rueda de prensa.

El Gobierno español destacó que la resolución secesionista vulnera "frontalmente y de forma expresa" la Constitución y que expresa un compromiso de no supeditar el proceso separatista a las decisiones del Estado español y del Tribunal Constitucional, al que considera "deslegitimizado".

La iniciativa de los separatistas prevía aprobar en un máximo de 30 días tres leyes para sentar las bases del hipotético Estado catalán.

Se abre ahora un escenario inédito e incierto en el que Cataluña todavía no tiene constituido su Gobierno tras las elecciones del 27 de septiembre, convertidas en un plebiscito sobre la secesión de la región, de 7,5 millones de habitantes.

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La suspensión de la resolución independentista tiene lugar en medio de las negociaciones para investir al que ha sido el principal impulsor del proceso soberanista en los últimos años: Artur Mas, jefe del Ejecutivo en funciones.

Tras una primera votación de investidura el martes, en la que no recabó los apoyos suficientes, Mas se reunió hoy con representantes de la CUP, partido que tiene la llave de su reelección, pero que rechaza votar a su favor.

Mas les ofreció ceder poder en el Gobierno a tres vicepresidentes a cambio de seguir al frente. Entre los candidatos propuestos está el independiente Raül Romeva, cabeza de lista de la coalición de Mas, Junts pel Sí, y favorito de la CUP para liderar el Ejecutivo.

Si en la segunda votación de este jueves Mas tampoco consigue ser reelegido, se abrirá un plazo de dos meses para investir a un presidente del Gobierno. En caso de que el 10 de enero no se haya logrado, se convocarán automáticamente elecciones.

Cataluña cumplirá la resolución secesionista pese al veto

El Gobierno de Cataluña anunció que cumplirá la resolución independentista suspendida por el Tribunal Constitucional a pesar de la decisión judicial y de la advertencia que lanza el alto tribunal a cargos públicos de la región española.

"No es una desobediencia (al Constitucional) sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento", dijo en rueda de prensa la "número dos" en funciones del Ejecutivo catalán, Neus Munté.

La vicepresidenta acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de "utilizar" el alto tribunal para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña.

El Constitucional decidió por unanimidad admitir a trámite el recurso interpuesto por el Ejecutivo español contra la resolución independentista, que había sido aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los partidos secesionistas.

La admisión a trámite del documento supuso una suspensión automática de la resolución de forma cautelar hasta que se falle al respecto.

El alto tribunal acordó también que notificará por primera vez a 21 cargos públicos de Cataluña de su decisión y les advertirá de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no la acatan.

Entre ellos están el jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

Munté aseguró que la "voluntad política" de su Ejecutivo es la de "tirar hacia adelante con el contenido de la resolución", que prevé iniciar el camino hacia la creación de un Estado catalán "en forma de república".

El documento contempla, además, la aprobación de tres leyes en el plazo máximo de un mes para sentar las bases del nuevo Estado en la región del noreste de España, de 7,5 millones de habitantes.