Uno de los indicadores más dolorosos de la vida comunitaria en la Región Sureste de Coahuila es el número de personas que deciden quitarse la vida. Se trata de un indicador que, además del dolor que provoca a las familias, constituye un motivo de frustración colectiva, pues no parece responder a ninguna estrategia diseñada para contener su crecimiento.

Como publicamos en esta edición, el 2021 se perfila para ser el año con el mayor número de casos, al menos desde 2014. Todos deseamos que la tendencia del primer semestre del año no se consolide, pero al menos hasta ahora estamos ante el peor primer semestre en casi una década.

Y es que los 64 casos registrados hasta el último día de junio pasado superaron el registro más desalentador que teníamos hasta ahora y que correspondía al año 2019, cuando se acumularon 53 suicidios de enero a junio.

¿Qué puede –y debe– hacerse frente a este creciente fenómeno? Esa es una pregunta que venimos haciéndonos desde hace mucho tiempo ya y para la cual, por desgracia, no hemos logrado encontrar una respuesta eficaz.

Las hipótesis que se han barajado son variadas, pero hasta ahora la única respuesta más o menos cierta con la que contamos es tan puntual como desalentadora: se trata de un fenómeno multifactorial que debe ser atendido a través de una estrategia de amplio espectro.

Es necesario decir, sin embargo, que el hecho de no haber encontrado una explicación puntual para el fenómeno debe traducirse en mayores esfuerzos para avanzar en este sentido, pues de lo que estamos hablando es de vidas humanas que no podemos resignarnos a perder.

Como ocurre con otros fenómenos de la vida social, aquí es necesario también combinar los esfuerzos del sector público y del privado; de las universidades, los centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil.

El Estado, desde luego, tiene la responsabilidad de articular estos esfuerzos y macar la pauta para que el trabajo colectivo desemboque en estrategias de carácter integral, capaces de ofrecer herramientas y mecanismos eficaces para contener el fenómeno y revertirlo.

Lo que no podemos hacer es normalizar esta realidad y, peor aún, llegar a la conclusión de que nada puede hacerse. Esto es particularmente cierto en el caso de quienes deciden quitarse la vida a edades muy tempranas, lo cual atenta contra una de las lógicas esenciales del ser humano: el instinto de supervivencia.

Tampoco podemos limitarnos a simplemente exigir que las autoridades gubernamentales “encuentren” una respuesta eficiente para atender el fenómeno del suicidio. Todos debemos asumir en ello una parte de la responsabilidad, pues poca duda cabe de que estamos ante un hecho que es producto de la realidad social que se construye de forma colectiva.

A todos debe importarnos por ello que se construyan los mecanismos necesarios para que, a través de un diálogo multidisciplinario, avancemos con la mayor velocidad posible en la comprensión de este tipo de hechos y, a partir de ello, seamos capaces de diseñar respuestas eficaces que los eviten.