A menos de una semana de que concluyan las campañas, la judicialización del proceso electoral no cede y los escándalos generados por los actores políticos ya han llegado a terrenos de enriquecimiento ilícito y hasta de violencia de género. 

Sin embargo, como lo publicó VANGUARDIA, muchas de estas acciones se han dado a través de las llamadas “fake news”. 

En lo que va del actual proceso electoral 2016-2017, en Coahuila se han presentado poco más de 30 denuncias por presuntos delitos electorales, principalmente por peculado, informó en su momento Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR. 

Entre las acusaciones más recientes destacan el fuego entre los candidatos de la coalición Por un Coahuila Seguro, que encabeza el PRI con Miguel Riquelme y el de la Alianza Ciudadana por Coahuila, el panista Guillermo Anaya. 

El 19 de mayo, el Partido Joven denunció ante la PGR otra vez a Anaya por presunto enriquecimiento ilícito y pide que incauten sus bienes  y se investigue el origen de los recursos con que fueron comprados. 

Dos días después el periódico El Financiero publicó que Anaya presuntamente tiene fondos por 32 millones de dólares en un paraíso fiscal, específicamente en el Banco Central de Barbados, y dos cuentas en Banorte que suman 211 millones de pesos. 

Anaya negó poseer dichas cuentas.

El 23 de mayo, Luis Fernando Salazar, coordinador de campaña de Anaya, dio a conocer una nueva investigación sobre presuntas empresas fantasma que compromete una red de corrupción encabezada por Riquelme, candidato priísta, por más de 180 millones de pesos.

 Previo a esto el escenario ha sido muy parecido. Los escándalos también han incluido amenazas, o incluso, atentados contra simpatizantes y colaboradores de algunos de los candidatos, según  han denunciado públicamente. 

Desde antes del arranque de las campañas, los contendientes dieron  muestras de que el proceso iba a “extrajudicializarse”, especialmente por denuncias entre los candidatos punteros.

 El 29 de marzo, luego de una denuncia del PAN, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales cateó una bodega ubicada en Torreón y aseguró colchonetas, cobijas, despensas y otros apoyos que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) había entregado a ese Ayuntamiento en agosto pasado. 

Apenas el segundo día de campañas, un medio nacional publicó la colección de relojes de lujo Miguel Riquelme, candidato del PRI a la Gubernatura, lo que generó escándalo en el mundo político.

 Luego, el 9 de abril, fueron filtradas imágenes e información de la casa del candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, la que se aseguró, alcanza un valor de 20 millones de pesos. 

De su lado, la casa del candidato priísta Miguel Riquelme, ubicada en el Fraccionamiento Las Trojes, también ha sido objeto de críticas en las redes sociales desde hace meses. 

De hecho, el PAN también ha solicitado se investigue cómo el abanderado de la Coalición por un Coahuila Seguro se hizo de esa propiedad. 

El pasado 18 de abril, el PRI, a través de David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio en Coahuila, reveló un presunto fraude electoral y financiero del PAN, al que calificó como “la compra de votos más grande de la historia que se tenga registrada en el país”. 

El 23 de abril se dio a conocer que una serie de llamadas que llegan a domicilios particulares en horas de madrugada piden el voto para Guillermo Anaya, pero éste lo negó y acusó al PRI de estar detrás de esta estrategia de molestar a los votantes. 

El candidato de Morena Armando Guadiana también  ha sido objeto de la llamada “guerra sucia” en este proceso electoral, a través de audios y videos filtrados en las redes sociales. 

En uno de los materiales el empresario aparece mostrando su apoyo al actual Gobierno del Estado, a quien ahora ha criticado fuertemente. 

El equipo del aspirante de Morena denunció, el 23 de abril,  un atentado en contra de Reyes Flores, en el que señalaron qua vehículos sin placas sacaron  del camino y provocaran la volcadura de la unidad en la que se trasladaba. 

El 25 de abril fue agredido a “bastonazos” Alfonso Tafoya Aguilar, coordinador de Verónica Soto, candidata a diputada local por Distrito VIII del Partido Socialdemócrata Independiente  de Coahuila.

 A mediados de marzo, Javier Guerrero, aún con el estatus de aspirante a candidato independiente, denunció públicamente que simpatizantes suyos recibieron amenazas de parte de titulares del más alto nivel del Poder Ejecutivo estatal.

 “Titulares involucrados, desde el más alto nivel, ejecutivo del estado… Lo que debe prevalecer es la valentía y la dignidad, no nos vamos a parar, la ley nos protege”, declaró Guerrero.

El 26 de abril se da la expulsión del ex gobernador Humberto Moreira como militante del PRI. 

“Si me expulsan, expulsamos al PRI de Coahuila”, había amenazado el ex mandatario estatal y ahora ex priísta.

 El pasado 29 de abril, Javier Guerrero solicitó al INE que atraiga la elección para Gobernador, “ya que no existen las condiciones para tener una elección limpia, transparente, imparcial y auténtica”, aseguró en un escrito dirigido al IEC y al INE. 

El 9 de mayo, el PAN denunció ante la FEPADE al candidato del PRI a la Gubernatura Miguel Riquelme, por condicionar programas sociales a cambio del voto.