La semana pasada, el presidente Donald Trump perdió más que unas elecciones. Cuando salga de la Casa Blanca en enero, también perderá la protección que le otorga la Constitución a un presidente en funciones para no ser enjuiciado.

Después del 20 de enero, Trump, quien se ha rehusado a darse por vencido y está luchando por quedarse en el cargo, estará más expuesto que nunca a una investigación judicial pendiente por parte del fiscal de distrito de Manhattan relacionada con los negocios familiares del presidente y sus prácticas, así como con su situación fiscal.

Esta investigación de dos años, la única investigación penal vigente de Trump, ha estado detenida desde el otoño pasado, cuando el mandatario entabló una demanda para detener un requerimiento de sus declaraciones de impuestos y de otros expedientes, una enardecida controversia que, por segunda vez, se encuentra ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Se espera que pronto se produzca un fallo.

Trump ha sostenido que la investigación del fiscal de distrito demócrata, Cyrus R. Vance hijo, es un intento de incriminarlo que tiene motivaciones políticas. Pero si la Corte Suprema determina que Vance tenga acceso a los expedientes y encuentra posibles delitos, Trump podría tener que rendir cuentas ante la ley, lo que exacerbaría aún más las tensiones políticas y haría surgir el sobrecogedor fantasma de una sanción penal, o incluso de la cárcel, para un expresidente.

“Nunca volverá a estar tan protegido de las acciones de Vance como ahora”, afirmó Stephen I. Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Texas.

“En esto, Vance ha sido el comodín”, añadió Vladeck. “Y hay muy poco que se pueda hacer formalmente para detenerlo, ni siquiera un nuevo gobierno que pretenda dejar que lo pasado se quede en el pasado”.

Por medio de un vocero, Jay Sekulow, abogado del presidente, se negó a hacer comentarios.

EL PERDÓN QUE NO LE ALCANZA

La investigación del fiscal de distrito ha cobrado incluso mayor importancia porque el uso que Trump le ha dado a sus facultades como presidente —perdonando a sus allegados que habían sido acusados de delitos federales— indica que otorgará la absolución de manera generosa en favor de sus socios, familiares y posiblemente de él mismo, como, según él, tiene derecho a hacerlo.

Sin embargo, sus facultades para otorgar el perdón no se aplican a delitos estatales, como las posibles transgresiones que investiga la oficina de Vance.

La investigación de Vance podría cobrar una importancia enorme si el gobierno entrante de Biden, al querer unificar al país y evitar represalias contra Trump, se abstiene de realizar otras investigaciones a nivel federal.

Ese hecho no comprometería al fiscal de distrito, quien es un funcionario estatal electo de manera independiente.

Durante la lucha judicial, los abogados de Vance reconocieron que la Constitución les impide llevar a juicio a un presidente mientras esté en el cargo, pero el fiscal de distrito no se ha pronunciado sobre lo que podría suceder cuando Trump salga de la Casa Blanca.

Danny Frost, vocero de Vance, se rehusó a hacer comentarios. Aún no se sabe si la fiscalía decidirá que se cometieron delitos y optará por llevar a juicio a Trump o a alguien cercano a él.

Es probable que las acciones de Vance durante los próximos meses lo coloquen bajo un escrutinio político cada vez mayor. Trump saldrá de la Casa Blanca en medio de exigencias de que enfrente las acusaciones penales y de un enérgico reproche constante de la izquierda porque durante años ha escapado a las consecuencias legales de su comportamiento.

Por un lado, Vance podría enfrentar presiones para que no presente ninguna acusación y así dejar que el país siga adelante después de unas elecciones presidenciales controvertidas. Por otro lado, el fiscal de distrito fue muy criticado por su decisión de 2012 de no formular cargos contra los hijos de Trump, Ivanka Trump y Donald Trump hijo, luego de que los acusaron de embaucar a algunos inversionistas en un proyecto de hotel-condominio. Vance ha señalado que tras una investigación de dos años, su oficina no pudo probar que se hubiera cometido delito alguno.

Algunos juristas afirmaron que no sería un buen mensaje que Vance tuviera pruebas que fundamenten las acusaciones, pero decidiera no procesar a Trump.

“Eso pondría al presidente por encima de la ley”, señaló Anne Milgram, exasistente del fiscal de distrito de Manhattan, fiscal general demócrata en Nueva Jersey y una crítica frecuente de Trump.

Además, como Trump ha afirmado con frecuencia que la investigación forma parte de una extensa cacería de brujas partidista, cualquier decisión de concluirla cuando deje el cargo podría verse como una aceptación tácita de que esas afirmaciones eran justificadas.

LA NEGATIVA SOBRE EL FISCO

Antes de su presidencia y durante la misma, Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos, lo que rompía con una tradición de 40 años en la Casa Blanca, y luchó con ferocidad contra los intentos de obtenerlas por parte del Congreso y los legisladores estatales.

Al principio, la investigación del fiscal de distrito, la cual comenzó en el verano de 2018, estaba destinada a enfocarse en los pagos hechos a nombre de Trump días antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz de películas para adultos que había afirmado haber tenido una aventura con él.

Sin embargo, el requerimiento de las declaraciones de impuestos subraya un aparente enfoque principal en los posibles delitos fiscales, que pueden estar entre los casos que al gobierno le costaría más trabajo ganar en un tribunal, según expertos fiscales, exfiscales y abogados defensores.

“La carga probatoria es considerable”, señaló William J. Comiskey, exfiscal de Estado durante mucho tiempo para casos relacionados con el crimen organizado y delitos de cuello blanco quien más tarde supervisó el cumplimiento en el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York.

En gran medida, eso se debe a que los fiscales deben probar que el acusado en realidad tenía la intención de evadir impuestos, afirmó Comiskey.

Los expertos afirmaron que el reto de presentar esos casos ante un jurado se complica sin un testigo que colabore y sirva como guía a través de expedientes y estrategias financieras complejas, o correos electrónicos u otros comunicados que contengan declaraciones.

“Necesitan una prueba irrefutable o a alguien que coopere”, señaló Daniel J. Horwitz, quien llevó ante la justicia complejos casos de fraude durante más de ocho años en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y ahora es abogado defensor en casos de delitos de cuello blanco.

No se sabe si los fiscales de Vance han logrado que colabore en su investigación alguien con información privilegiada, pero otra consecuencia de la salida de Trump y de su pérdida del poder presidencial podría ser que para ellos sea más fácil hacerlo.

Además de la investigación de Vance, Trump enfrenta también un escrutinio constante de la fiscal general del estado de Nueva York, a quien ha acusado de atacarlo por su rencor partidista.

En su demanda para detener la comparecencia ante el gran jurado, los abogados de Trump citaron las declaraciones de la campaña de 2018 de la fiscal general demócrata Letitia James, y dijeron que eran parte de “una campaña de acoso al presidente”.

Por ejemplo, citaron una declaración en la que decía que Trump debería preocuparse porque “lo estamos cercando”.

El año pasado, la oficina de James abrió una investigación de fraude civil en los negocios de Trump. Hace apenas un mes, los abogados de la oficina interrogaron bajo juramento al hijo de Trump, Eric, después de meses de retrasos.

Rebecca Roiphe, exasistente del fiscal de distrito de Manhattan y profesora de Ética Jurídica y Derecho Penal en la Escuela de Derecho de Nueva York, mencionó que las declaraciones anteriores de James hacían parecer que había algo de verdad en las afirmaciones de que las personas que estaban investigando a Trump “al menos estaban aprovechando eso desde una perspectiva política”.

Roiphe señaló que la única manera de que Vance evitara esa percepción era “tener un caso sólido con pruebas contundentes, lo cual ayudará a convencer a la población de que el expresidente debe rendir cuentas por actos delictivos”.

Como respuesta a las acusaciones de Trump del año pasado, James tuiteó que su oficina “dará seguimiento a los hechos de cualquier caso, sin importar adónde conduzcan”. Luego añadió: “No se equivoquen: nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”. c.2020 The New York Times Company