De acuerdo con información pública de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) el trabajo de vigilancia que tiene como responsabilidad realizar, respecto de las condiciones de seguridad de los 21 sectores a su cargo, lo realiza en Coahuila con apenas 24 inspectores.

No hace falta realizar ningún análisis exhaustivo para concluir que con esa cantidad de inspectores –menos de uno por municipio– resulta absolutamente imposible cumplir con eficacia la responsabilidad de asegurar condiciones seguras de trabajo para miles de trabajadores.

Lo anterior es particularmente cierto cuando hablamos de sectores productivos en los cuales, por su propia naturaleza, existen riesgos laborales importantes, como es el caso de la minería o la metalurgia.

¿Por qué tiene un número tan reducido de inspectores esta dependencia? ¿Por qué no se asigna mayor presupuesto a la vigilancia de las condiciones de trabajo que, en casos como el de la mina Micarán, del ejido Ranchería, en el municipio de Múzquiz, habrían evitado la más reciente tragedia que hemos reseñado recientemente?

Resulta incomprensible tal realidad cuando, hace casi ocho meses, el propio presidente López Obrador se comprometió, durante una visita al municipio de Sabinas, a concretar el rescate de los restos de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos.

Antes de ello, en mayo de 2020, durante una de sus conferencias “mañaneras”, el mandatario aseguró que para concretar la empresa se contaba con todos los recursos económicos que hicieran falta e incluso “presumió” en ese momento que la STyPS era la dependencia a la cual más se le había incrementado el presupuesto ese año.

A contrapelo de este señalamiento, como se informa en el reporte que publicamos en esta edición, la dependencia que dirige Luisa María Alcalde fue la que sufrió uno de los mayores recortes en su gasto operativo durante 2020, pues debió “renunciar” al 59 por ciento de este.

Así pues, por un lado se ofrece invertir “lo que haga falta” para rescatar los despojos de individuos trágicamente fallecidos y, por el otro, se recorta el presupuesto que impediría que a los números funestos de la extracción carbonífera se sumen nuevas víctimas.

No está mal realizar todos los esfuerzos posibles para conseguir que los deudos de cualquier tragedia puedan cerrar su ciclo de duelo. Parece de la más elemental lógica, sin embargo, que al menos de forma paralela se inviertan los recursos que hagan falta para que nadie más pierda la vida en una mina.

Resulta claro, con los datos a la vista, que mientras prevalezcan las condiciones actuales seguirá existiendo el riesgo de que en cualquier momento reseñemos una nueva tragedia.

Por ello, es absolutamente imprescindible exigir que quienes tienen la responsabilidad de vigilar la seguridad en todos los centros laborales cuya operación implica riesgos, cumplan con su función y que lo hagan con un solo objetivo en mente: evitar que se sigan sumando víctimas a la ya muy larga lista que todos lamentamos cotidianamente.