No han pasado siquiera dos meses desde que reseñamos una tragedia en la Región Carbonífera de Coahuila, que le costó la vida a seis mineros, cuando ayer se registró un nuevo episodio fatal –ahora en una explotación en el municipio de Ocampo– con saldo de dos personas muertas. En aquel caso y en este, el diagnóstico preliminar es el mismo: falta de inspectores.

Para decirlo con mayor claridad, lo que diversas voces plantean en torno a los episodios fatales registrados en minas de Coahuila es que las condiciones de riesgo en dichas explotaciones se están incrementando debido a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) no está realizando su trabajo.

¿Qué trabajo? Las visitas de inspección que garanticen la existencia de todas las medidas de seguridad necesarias para que las personas que laboran en ellas no corran riesgos innecesarios.

¿Y por qué la STyPS no está llevando a cabo tales inspecciones? La respuesta parece encontrarse en la “austeridad republicana” que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice practicar, lo cual ha recortado recursos a la dependencia y ello se traduce en la disminución del personal que debe realizar las tareas de inspección.

Valdrá la pena, en todo caso, que los responsables de la dependencia en Coahuila expliquen si existe una razón diferente para esta realidad, aunque todas las alternativas que sugiere la lógica son igualmente malas.

Por ejemplo, podrá decirse que sí hay suficientes inspectores y que la “austeridad” gubernamental no ha afectado este renglón del gasto. Pero entonces deberá explicarse por qué la mina “La Pasión” –donde se registró la tragedia de ayer– operaba a pesar de que claramente no se estaban respetando las medidas de seguridad necesarias.

También podrá recurrirse a la excusa favorita de esta administración: “la corrupción heredada del pasado”, lo cual explicaría que, aun habiéndose realizado las inspecciones necesarias –y detectado las deficiencias con las cuales operaba la mina– se permitiera que siguiera en funcionamiento. Pero entonces tendría que explicarse por qué no han sido capaces de erradicarla pese a tener ya más de dos años y medio aplicando “su fórmula”.

En todo caso lo que debe decirse es que la única explicación razonable para estos hechos es el inicio de una investigación que necesariamente deberá tener como resultado identificar a quienes, en la administración de la mina y en el Gobierno Federal, son responsables de esta tragedia.

Evadir esta responsabilidad equivale –como ha ocurrido hasta ahora– a mantener la amenaza que pende sobre las cabezas de quienes se dedican a la explotación minera en Coahuila: que ocurra una nueva tragedia solamente es cuestión de tiempo.

Y si eso ocurre, como ha pasado hasta ahora, la pregunta obligada es: ¿entonces dónde está la diferencia entre este Gobierno y los anteriores? Mientras los muertos en las minas de Coahuila sigan acumulándose la respuesta sólo puede ser: ninguna.