La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé utilizar en 2021 recursos por un monto de 986.5 millones de pesos, para implementar la segunda etapa de la reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Así lo revela el documento del Presupuesto de Egresos de la Federación que fue entregado a la Cámara de Diputados, en donde detalla que los recursos se canalizarán al Programa Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales un monto de 337.5 millones de pesos y al Programa Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral una asignación de 649 millones de pesos.

De acuerdo con el documento, “para 2021 se llevará a cabo la implementación de la segunda etapa de la reforma al Sistema de Justicia Laboral en el ámbito federal y prevé la continuación de la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en su sede central y en las ocho entidades federativas de la Primera Etapa (Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas), así como el inicio de operaciones en 13 nuevas entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz).

En el caso de Veracruz y del Estado de México, se proyecta la instalación de cinco oficinas de apoyo adicionales, en razón del alto número de conflictos individuales en materia federal que registra la JFCA en dichas entidades federativas.

Por otra parte, conforme al artículo tercero transitorio del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicado el 1° de mayo de 2019, en mayo de 2021 el CFCRL deberá iniciar su función de registro de sindicatos y contratos colectivos en la totalidad del territorio nacional, por lo que se instalarán 24 oficinas registrales en las entidades federativas para absorber las funciones que actualmente realizan 58 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la JFCA y la STPS; así como para operar nuevos procedimientos en materia de organización y verificación de procesos de democracia sindical, y el seguimiento de quejas en el marco del Capítulo 31 “Solución de controversias” del T-MEC.