CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó la creación del mecanismo especial de seguimiento en el caso Ayotzinapa, que implicará visitas periódicas a México bajo la coordinación del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro.

El acuerdo se logró luego de una reunión entre los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, sus representantes legales y la canciller Claudia Ruíz Massieu, de cara a la audiencia pública sobre el caso Iguala que la propia CIDH realizará este sábado en Estados Unidos.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, reconoció que hubo un acuerdo favorable para la creación del mecanismo de seguimiento, que forma parte de las 22 recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al gobierno antes de su partida, una vez que concluyó su mandato de coadyuvancia en las indagatorias oficiales, el 30 de abril pasado.

Cavallaro había anunciado con antelación la creación de este mecanismo de seguimiento, cuando dio a conocer que no se iba a prorrogar la estadía de los expertos de la CIDH, ante la falta de condiciones para realizar su trabajo de colaboración en México.

Ahora, tras el encuentro que sostuvieron los padre y sus representantes con Claudia Ruiz Massieu, titular de la SRE, Rosales destacó: “Los principales acuerdos a los que llegamos es que sí es favorable este mecanismo especial de seguimiento; también que va a estar coordinado por el comisionado presidente de la CIDH, James Cavallaro, quien hará visitas periódicas a nuestro País, y que se verificará el cumplimiento de las recomendaciones que están contenidas en los informes del GIEI”.

El abogado urgió al Estado mexicano a que cumpla con los compromisos que adquirió en esa reunión.

ACUERDOS IMPORTANTES

En entrevista por separado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruíz Cabañas, quien acompañó a Ruiz Massieu en el encuentro, coincidió en que se llegaron a esos acuerdos importantes, además de que el mecanismo debe dar seguimiento a las cuatro medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2014, y realizar informes, visitas y reuniones de, como lo marca el artículo 25 del reglamento de la comisión.

Reconoció que quedaron algunos pendientes que serán tratados durante un nuevo encuentro, como lo es la participación de otras personas en el mecanismo de seguimiento, además del relator Cavallaro.

Ante el hecho de que los familiares de las víctimas de desaparición forzada proponen que alguno de los miembros del GIEI forme parte del mecanismo, Ruiz Cabañas indicó: “Son cosas que tenemos que discutir, no ha habido definición en ése y en otros temas, por ejemplo, hay acuerdo en que las visitas deben ser calendarizadas y agendadas previamente, pero debemos de ver cada cuándo se realizarían. Vamos a conversar y a llegar a un acuerdo”.

Entrevistado también al término de la reunión, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) y uno de los representantes legales de los padres, dijo que pese a las coincidencias entre las partes falta afinar detalles, como la periodicidad de las visitas de seguimiento.

“Hay coincidencias, será la Canciller quien lleve la posición a Washington el próximo sábado, en el sentido de que el mecanismo tiene que existir, que es dinámico, con visitas e informes periódicos, que dará oportunidad a la Comisión Interamericana de visitar nuestro país constantemente y que se va a buscar que los dos informes del GIEI no queden en el aire”, detalló el abogado.

Dijo que se le planteó a la Canciller que el Estado mexicano ha fallado y lo hizo porque construyó una teoría del caso que carece de asidero científico y que el mismo gobierno ha tenido que variar sus conclusiones, puesto que primero se aseguraba que estaban los cuerpos y restos de los 43 estudiantes normalistas.

Patrón expuso que en el encuentro se solicitó a la Canciller reconocer que el Estado mexicano “está en deuda” con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, puesto que a casi dos años del crimen todavía no se conoce el paradero de los estudiantes.