Ciudad de México.  Desde septiembre de 2016 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública ha realizado verificaciones a la evolución patrimonial de los funcionarios públicos que ha derivado en la detección de 33 millones 225 mil pesos considerados como incrementos sustanciales y no justificados por los investigados, motivo por el cual la dependencia ya promovió las denuncias penales correspondientes.

La dependencia dio a conocer que “emitió 59 declaratorias en contra de igual número de servidores públicos que no aclararon la procedencia del incremento”. Preciso que la evolución no justificada del patrimonio de los funcionarios van desde 255 mil pesos y 61 millones 66 mil 109 pesos con 25 centavos, y ostentaban cargos que van desde Analista hasta homólogo de Subsecretario de Estado.

La SFP dio a conocer que la cantidad de declaratorias señalado contrasta con el periodo de diciembre de 2012 hasta agosto de 2016, cuando la dependencia federal presentó 47 declaratorias. De igual forma, mencionó que las consecuencias penales que se derivan de ello es que al conminárseles a acreditar el origen de esos recursos, no pudieron hacerlo.

“Las revisiones de evolución patrimonial se hacen al azar, ante una denuncia o cuando hay indicios de alguna anomalía. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht a los 23 servidores públicos involucrados de inmediato se les inició un escrutinio de este tipo”, apuntó la dependencia.