Gerardo Vicente Grajales Yuca, de 41 años, pasó su primera noche en prisión el 25 de julio. Una experiencia traumática para un doctor que asegura no haber tenido jamás “ni una multa de tráfico”. Aquel día salió de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando agentes ministeriales le arrestaron dos cuadras después acusado de “abuso de autoridad”.

Hasta aquel momento era jefe de Urgencia y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

Pero una denuncia formulada por la hija de un paciente que había fallecido de COVID-19 lo convirtió en sospechoso. La demandante lo señala por, presuntamente, pedirle que comprase medicamentos para luego quedárselos él. En concreto, una bomba de infusión, que es un aparato que sirve para inyectar fluidos en el paciente. 

El doctor estuvo encarcelado durante algo más de una semana hasta que en un juez determinó prisión domiciliaria. Desde entonces está encerrado en su propia casa, convertida en celda. La Fiscalía General del Estado lo ligó a proceso por abuso de autoridad, pero él asegura que es inocente. Su abogado, Antonio Juárez, asegura que “es un preso político”. El Movimiento Yo Soy Médico 17 tiene previstas marchas de apoyo al galeno.  

“Soy inocente. Nunca me llevé nada. No sé por qué hacen esto”, dice Grajales Yuca en conversación telefónica con Animal Político. Habla despacio, como si se forzase a mantener la calma. Tiene problemas cardíacos y el estrés es un agravante para su enfermedad. 

El caso de Grajales Yuca ha generado el enfado de la comunidad médica en Chiapas. Desde hace días se han registrado protestas en solidaridad con el galeno y para denunciar la falta de insumos con las que afrontan la pandemia por COVID-19.

Explica el doctor que la situación existente en el hospital era de muchas carencias, que fueron agravadas por el coronavirus. 

“Fui el primer médico especialista que entro a esa área. Todos teníamos miedo. Sabíamos que podíamos morir. Por eso te arriesgas”, explica.

Su situación personal es complicada. Por su cardiopatía y por sufrir hipertensión es población de riesgo. Podía haberse quedado en casa. Pero no lo hizo.

Cuando recuerda aquella primera oleada reconoce la derrota, pero no busca culpas. “Fuimos rebasados en un 400%, un 500%. Pero no fuimos solo nosotros. Todo el mundo lo sufrió. No solo Chiapas, ni México, es el mundo entero”. 

La fecha clave para la historia del doctor es el 7 de julio. Aquel día fallece Miguel Arturo Ramírez López, con pasado en el PRI, PAN y Verde, que mantenía muchísima influencia en el territorio. Él fue quien estuvo atendiéndolo desde que ingresó en el centro por COVID-19.

“Me quedé con la consigna de que habíamos hecho lo que habíamos podido”, dice Grajales Yuca. 

Al menos, eso dice que le transmitieron los familiares del fallecido.

El 18 de julio, sin embargo, Karen Alejandra Ramírez, hija del paciente, presentó una denuncia por “abuso de autoridad” y aseguró que el doctor le hizo comprar unos medicamentos que posteriormente se quedaría para sí mismo. 

La defensa de Grajales hizo pública la grabación de una conversación entre la propia Ramírez y Grajales Yuca. En ella, la hija del paciente fallecido se muestra agradecida por el trato y le reconoce que sabe que su padre estaba siendo atendido ahí por sus conexiones políticas, ya que él no era derechohabiente. 

Esta es una de las derivadas del proceso contra el jefe de Urgencias: la supuesta existencia de una planta destinada a personal VIP que en ocasiones ni siquiera tenía prestaciones para ser atendido en la clínica.

“Sabía que era gente importante porque se notaba la situación”, dice Grajales Yuca. Asegura que “era difícil distinguirlo, pero sí habían ciertas situaciones de camillas y ventiladores con mejores insumos. Eso era algo conocido”.

Según su testimonio, era el director general del Instituto, Alberto Cundapí Núñez, quien estaba detrás de este búnker. “El encargo era una situación constante. Teníamos que estar pendientes”, explica.

Animal Político consultó con la secretaría de Salud de Chiapas y con el Isstech. Los primeros derivaron la pregunta a los segundos y, al cierre de la nota, no había respuesta. 

Para Grajales Yuca la entrada en prisión fue un shock. “Me sentía destruido, golpeado, impresionado”, explica. 

Durante los días que permaneció encerrado estuvo aislado, debido al protocolo por COVID-19. Ahí dentro su enfermedad se agravó, así que fue llevado a un hospital. Posteriormente, un juez determinó que podía ir a su domicilio, aunque todavía como preso y ligado a proceso. Según informó la FGE, el resguardo se alargará durante los próximos cuatro meses. 

“Es una situación muy triste y deprimente. Tienes ganas de llorar. Pensaba en mi familia, en mi bebe, que quería verlos, abrazarlos, y no podía”, dice Grajales Yuca sobre su estancia en prisión. 

La clave del caso es la supuesta apropiación del material sanitario. Contra Grajales Yuca está la denuncia presentada por la hija del paciente fallecido y el testimonio de una colaboradora, Ana Paola, que también trabaja en el hospital. En su defensa está su propio testimonio y el de otra enfermera, que aseguró ante el juez que el doctor jamás tocó esa bomba, que personas que aseguraban ser familiares de Miguel Arturo Ramírez López dijeron que querían donarla y que ella les derivó a Ana Paola, la mujer que testifica en contra del doctor.

Antonio Juárez, el abogado, denuncia la “desproporción” de meter en prisión al doctor por un delito que se considera menor. 

“Hemos demostrado que es inocente, pero es un tema político. Van contra él porque denunciaba las malas condiciones y la falta de insumos del hospital”, asegura Juárez. 

Mientras tanto, su cliente sigue encerrado en casa y sin poder trabajar. Aunque también necesita reposo, ya que su salud se vio afectada. 

“Sigo sin saber por qué lo hicieron Desconozco los motivos. No hice nada malo. Hice mi mejor esfuerzo para sacar adelante a sus familiares. Pero querría decirles que no les guardo rencor”, dice Grajales Yuca.

Hacia las instituciones, el doctor tiene una solicitud: “Pediría al fiscal (Jorge Luis Llaven Abarca) que por favor tome mi caso personalmente, para que vea todas las pruebas”.

EL domingo se dieron marchas en diversas marchas de apoyo al doctor Grajales. También exigirán la detención de los asesinos de la doctora Mélida Honorato Gabriel, directora del hospital comunitario de Huamuxtitlán, Guerrero; y una disculpa pública para el enfermero Michelle García, del Pediátrico de León, Guanajuato, y detenido durante doce horas tras acusarle de no proporcionar ayuda a un paciente. 

“Es impresionante ver la cantidad de apoyo”, dice Grajales Yuca. 

Su caso deja muchas interrogantes. En primer lugar, la situación personal del doctor, que insiste en su inocencia. En segundo, las presuntas irregularidades en el sistema de Salud de Chiapas, la escasez de insumos y la supuesta existencia de ese búnker VIP en el que solo las personas influyentes podían ser tratadas.