El lunes pasado, quienes encabezan una de las instituciones más importantes para quienes habitamos el continente -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- tomaron una grave decisión: airear la profunda crisis financiera por la cual atraviesa el organismo.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas”, señalan crudamente las primeras 27 palabras del extenso comunicado de prensa en el cual se explica la situación a la sociedad continental.

La síntesis apretada: los contratos del 40 por ciento del personal de la Comisión vencerán el último día de julio próximo y la institución carece de los recursos económicos para renovarlos.

La consecuencia de tal situación será, ademas del recorte de casi la mitad de los empleados, la suspensión de actividades programadas para el segundo semestre del año, entre ellas dos períodos de sesiones durante las cuales se debaten y aprueban informes sobre peticiones o casos elevados ante dicho órgano.

La Comisión, se nos ha explicado, no solamente carece de los recursos para renovar los contratos de su actual plantilla de personal: ni siquiera cuenta con ofrecimientos en ese sentido por parte de alguno de los gobiernos del continente, de los estados europeos de los cuales ha recibido apoyo en el pasado, o de alguna fundación o institución filantrópica.

La situación es realmente muy grave, pero el actual estado de crisis no es sino el reflejo de una problemática sistémica, pues la Organización de Estados Americanos, de la cual forma parte la Comisión, nunca le ha otorgado los recursos necesarios para cumplir el trascendente mandato derivado de los instrumentos internacionales en los cuales se funda su existencia.

Eso implica -ha implicado- una realidad de crisis perpetua para la Comisión: jamás ha contado con el personal necesario para hacer frente de manera eficaz a sus responsabilidades y, si a pesar de ello ha realizado esfuerzo relevantes para empujar avances relevantes en la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente, ha sido gracias a las aportaciones voluntarias de diferentes países ¡de Europa!

Las palabras de James Cavallaro, su presidente, retratan la situación de forma contundente en las primeras líneas de un texto firmado por él y publicado en la edición del lunes pasado del periódico El País: “Escribo con profunda tristeza, frustración e indignación. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos enfrentamos a la peor crisis financiera de la historia. Tenemos las arcas absolutamente vacías…”.

Tristeza, frustración e indignación: tres sentimiento en los cuales todos los habitantes de América estamos llamados a acompañar a quienes integran un órgano cuya actividad ha sido clave en la adopción de normas y políticas públicas orientadas a transformar la relación entre las instituciones del Estado y los ciudadanos, particularmente en América Latina.

Pero no solamente debemos permitir la germinación en nuestro interior de la tristeza, la frustración y la indignación. Estamos llamados a hacer algo más: estamos llamados a generar una masa crítica orientada a lograr la reacción de los gobiernos de nuestros respectivos países en torno a esta situación.

Resulta absolutamente inadmisible la adopción de una actitud de indiferencia ante la realidad expuesta. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos constituye un elemento esencial del andamiaje institucional en el cual descansa la posibilidad de transformar nuestras sociedad en espacios donde el ideal de igualdad entre los individuos pueda convertirse en realidades concretas.

A todos nos debe interesar el rescate y fortalecimiento de instituciones como ésta, pues su mera existencia -además de los resultados de su trabajo, por supuesto- representan uno de los pocos elementos gracias a los cuales podemos ver con optimismo el futuro.

Todos los gobiernos americanos -sin excepción- pueden y deben explorar sus presupuestos con la intención de identificar oportunidades para el recorte del gasto interno y destinar esos recursos al sostenimiento de la Comisión Interamericana.

Un ejemplo rotundo en este sentido lo ha expuesto el propio Cavallaro en su artículo de El País: “En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron 13.7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI), pero sólo destinaron 199.000 dólares para la CIDH”. En la CPI, por cierto, no hay un sólo caso americano en trámite actualmente.

La Comisión es una institución importante para todos nosotros. No podemos darnos el lujo de verla desaparecer. Si eso ocurriera, estaríamos condenándonos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a los hijos de ellos a la posibilidad de retorno a las indeseables realidades padecidas por tantos en el pasado reciente. Pocas cosas resultarían tan costosas como eso.

¡Feliz fin de semana!

carredondo@vanguardia.com.mx
Twitter: @sibaja3.