La delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no tiene conocimiento sobre los nuevos estudios que la semana pasada realizó la Comisión Nacional del Agua en el ejido Noria de la Sabina donde actualmente se construye un centro de confinamiento de residuos peligrosos.

Así lo dijo el titular de la dependencia en Coahuila, Raúl Fernando Tamez Robledo, quien explicó que aun cuando se llevaran a cabo nuevas evaluaciones ambientales por parte de las autoridades o por particulares, no es posible revocar los permisos que la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte obtuvo desde el año pasado por la vía legal y por medio de las oficinas centrales de la Semarnat.

La única forma de detener el proyecto, explicó Tamez Robledo, es a través de la misma vía legal iniciando un procedimiento ante las autoridades correspondientes a nivel nacional.

“Para cualquier cosa de esas, como en todo estado de derecho, tenemos que respetar los cauces legales, un servidor los ha atendido en tres ocasiones (a los manifestantes), y hemos estado en forma respetuosa solicitando que sigan los procedimientos, ellos tendrían que recurrir a una instancia judicial superior, algún juicio de amparo como ciudadanos”, recomendó.

El delegado estatal de la Semarnat manifestó que durante la reunión realizada la semana pasada entre el titular de esta institución a nivel nacional, Rafael Pacchiano, y el grupo de opositores al proyecto del confinamiento, se llegaron a distintos acuerdos.  

Entre ellos están el mantener informada a la población a través de reuniones periódicas, así como tratar de evitar intermediarios que confundan a la ciudadanía, como fue el caso de la mujer que se manifestó en el evento de la Semarnat y que es originaria del estado de Nuevo León.
Sin embargo, insistió en que a pesar de esta reunión la construcción de un nuevo centro de confinamiento de residuos industriales en General Cepeda continuará avanzando y que ahora toca el turno a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar que se construya conforme a lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental.

“Por parte de la delegación ya está agotado el procedimiento en lo que es el cambio al uso de suelo. Lo que es sobre el impacto ambiental ya le corresponde a Profepa verificar que las condicionantes que se hayan plasmado en el documento sean cumplidas y satisfechas 100 por ciento”, dijo Raúl Tamez.

El basurero tóxico que se construye en General Cepeda ha encontrado un sinnúmero de obstáculos, en los que incluso la Iglesia Católica participa activamente.