De los órganos internos de control (contralorías) que aplicaron las sanciones más severas a servidores públicos señalados en observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASEC) de 2014 a 2017, destaca la Comisión de los Derechos Humanos; en tanto que en el resto de los organismos autónomos las sanciones fueron débiles o siguen archivadas.

No obstante que la ley obliga a todos los entes públicos a informar a la ASEC sobre el seguimiento a las notificaciones para que se inicien procedimientos en contra de servidores públicos por presuntas irregularidades detectadas en cuentas públicas, la mayoría de los órganos internos de control son omisos parcial o totalmente en cumplir con la disposición de dar a conocer a la Auditoría los datos de las acciones o las resoluciones finales.

CON SEVERIDAD

La Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila, en el período analizado, de 2014 a 2017, fue la que aplicó las sanciones más severas, mientras que otros organismos autónomos solo dieron apercibimientos, no encontraron motivo de sanción, los asuntos siguen sin resolución o incluso algunos prescribieron.

La CDHEC dio a conocer a la ASEC que de 2014 a 2017 todos los procedimientos ordenados fueron concluidos, entre los cuales solo una persona fue absuelta, pero 5 funcionarios fueron destituidos en ese periodo y uno más recibió una sanción económica, mientras que solo impuso un apercibiendo público.

Y EL ICAI NI INFORMA

En el caso del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, aunque reportó todos los procesos concluidos, no se apegó a informar puntualmente sobre las sanciones, tampoco datos personales y fue opaco en su información.

El Instituto Electoral de Coahuila en 2016 y 2017 no informó en el plazo que brinda la ley y tiene 31 procedimientos pendientes por resolver, aplicó 2 recomendaciones y 2 apercibimientos públicos.

También la UAdeC en 2016 y 2017 no informó en el plazo establecido por la ley sobre los procedimientos.