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Sólo 13 diputados presentan su declaración 3 de 3
CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta este jueves, cuando se dictamina la Ley de Transparencia en la Ciudad de México, sólo 13 de 66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han presentado su declaración fiscal, patrimonial y de no intereses, mejor conocida como 3 de 3.
Antes de la instalación de la Diputación Permanente, este miércoles, el legislador de Movimiento Ciudadano, Armando López Velarde Campa, puso el ejemplo a sus compañeras de partido al ser el primero en entregar esta rendición de cuentas. Sostuvo que es una muestra del compromiso de los militantes de ese instituto político a favor de la transparencia.
De acuerdo con la página de Internet 3 de 3, cinco diputados del PAN: Miguel Ángel Abadía, José Manuel Delgadillo, Margarita Martínez Fisher, Ernesto Sánchez y Luis Alberto Mendoza, han entregado completa su información.
En el mismo caso están tres asambleístas de Morena, como Raymundo Martínez Vite, José Alfonso Suárez del Real y Néstor Núñez, de los 20 que conforman la bancada.
Por parte del PRD, sólo destacan los legisladores Elena Segura Trejo y Víctor Hugo Romo, mientras que del PRI están Mariana Moguel Robles y Dunia Ludlow.
“Ahí está el que se esté rindiendo el tres de tres, instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el marco de la insatisfacción que hoy generan las pésimas actuaciones y los malos Gobiernos de muchos partidos en el poder. La ciudadanización de la política se impone”, aseguró López Velarde, tras entregar sus declaraciones.
Los 13 asambleístas difunden a la luz de manera voluntaria sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, mientras que los restantes omiten transparentar su información pese al llamado que se hace a través de sus cuentas de Twitter.
Diputados locales y autoridades de los Institutos Electoral del Distrito Federal y de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) han coincidido en la necesidad de que exista una ley de transparencia y rendición de cuentas que obligue a todos los funcionarios a decir cuánto gastan y en qué gastan su dinero, con la firme intención de generar un clima de confianza entre gobierno y ciudadanía.