CDMX.- Sufrió violación anal multitudinaria y descargas eléctricas dentro de la vagina. La voz de Magdalena Saavedra se rompe al verbalizar las torturas que padeció a manos de un grupo de marinos entre el 10 y el 11 de mayo de 2013.

¿Su objetivo? Inculparla de ser operadora financiera del Cártel del Golfo. La potosina de 52 años se quebró cuando la amenazaron con que si no firmaba lo que le pusieran enfrente, la siguiente sería su hija.

Magdalena fue víctima de una supuesta “técnica de investigación” que en México es pandemia: casi la mitad de los presos mexicanos asegura haber sufrido tortura.

Para combatirla se promulgó —hace ya más de dos años y medio, el 26 de junio de 2017— una nueva legislación. De acuerdo con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, ésta contaba con las “mejores prácticas internacionales para combatirla”.

Una de ellas era la creación —en un máximo de 90 días— de una fiscalía  especial con “plena autonomía técnica y operativa” en cada estado, pero 30 meses después, sólo 10 de las 32 entidades han cumplido con la ley.

El caso de Magdalena, cimentado sobre recomendaciones e informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), es una muestra más de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le recriminó a México en mayo  de 2019:

“[Hay] una muy alta incidencia de tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación, durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.

De acuerdo con solicitudes de transparencia, sólo Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Zacatecas han creado las fiscalías especializadas contra ese delito. En otras 10 entidades hay unidades especializadas con dependencia jerárquica y en las 12 restantes no hay ninguna institución de ese tipo.

TORTURA ES DEL ESTADO

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define que la tortura es un delito que sólo pueden cometer los Estados y el cual supone producir a un ser humano daños graves, físicos o sicológicos, tratos crueles e inhumanos con el objeto de obtener información, que se declare culpable de delitos que no cometió  o como elemento en contra de disidentes o luchadores sociales.

“En México, mucha de la tortura la cometen los ministerios públicos en las fiscalías”, explica Natalia Pérez Cordero, investigadora de Derechos Humanos en la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., quien también forma parte  del observatorio contra ese delito, sintortura.org.