Diana Lastiri y Misael Zavala

CDMX.- Rosario Robles había instruido a su exoficial mayor, Emilio Zebadúa, para que no suscribiera contratos por adjudicación directa con entes públicos; sin embargo, lo hizo tres años después de que supo que en estas contrataciones había irregularidades.

Según la defensa de Robles, el 26 de enero de 2017 la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) libró un oficio dirigido a Zebadúa para que en cumplimiento de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se abstuviera de suscribir convenios al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Dicho artículo exime a las dependencias de realizar licitaciones para contratar a entes públicos tales como universidades, institutos o cualquier otro, por lo que las contrataciones con éstos se realizan mediante adjudicación directa.

El oficio instruía a Zebadúa y a los subsecretarios de Sedatu a que dejaran de realizar este tipo de contrataciones a menos que fuera estrictamente necesario, debido a que la ASF recomendó la no utilización de procedimientos de excepción y que se privilegiara la licitación pública. De acuerdo con el abogado Julio Hernández Barros, el exoficial mayor no tenía obligación de responder el oficio girado por Robles, pero sí debía dar cumplimiento.