El pasado 1 de octubre, cada uno de los 25 diputados que integramos el Congreso del Estado recibimos una atenta carta firmada por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Ing. Salvador Hernández Vélez. En su escrito, el remitente da a conocer a los legisladores que durante el año que corre la UAdeC ha llevado a cabo “importantes transformaciones para cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”, aunque no dice expresamente cómo se puede apreciar o medir dicho cumplimiento del que habla.

Dice el rector que ello ha sido posible, entre otras acciones, a “la puesta en marcha del Plan de Austeridad y Ahorro”, del que no proporciona mayor información ni explica en qué exactamente consiste.

Planteado lo anterior, el rector expone a continuación lo siguiente: que “pese a todos nuestros esfuerzos –dice– por reorganizarnos administrativa, económica y académicamente, estamos sufriendo por grandes presiones financieras producto de nuestro sistema de pensiones, los finiquitos de los trabajadores jubilados, así como el mantenimiento de la infraestructura física”, es decir, de edificios e instalaciones de la UAdeC.

Lo que preocupa al rector es que esos tres rubros no se encuentren incluidos ahora en el llamado “Anexo de Ejecución” del convenio que “año con año firmamos –dice– con los gobiernos federal y estatal”. En realidad aquí está el verdadero problema.

En nota adjunta a su carta, el rector cuantifica en pesos y centavos (que aquí se redondean a millones de pesos) el respectivo monto de cada uno de los tres rubros, como sigue: 328 millones de pesos “para el pago de las pensiones y el aguinaldo de los 2,129 jubilados”; 43 millones para “el pago de la liquidación por los años de servicio del personal que se jubiló en 2017 y 2018”, así como 107 millones “para el pago de contribuciones de ejercicios anteriores”. Hasta aquí los tres rubros suman 478 millones de pesos.

A ese monto hay que agregar 93 millones de pesos para “mantenimiento urgente” a diferentes edificios y espacios de la UAdeC. En total para atender las cuatro necesidades mencionadas se requieren nada menos que 571 millones de pesos.

Vale la pena señalar que el rector aclara que esa presión de gasto que trae la UAdeC es “a pesar de las aportaciones que de forma puntual ha recibido la Universidad por parte del Gobierno Federal”.

Planteada la cuestión, el rector Hernández Vélez solicita a los diputados “su amable intervención a fin de dotar de más recursos a esta Casa de Estudios, que nos permitan hacer frente a las obligaciones emanadas de nuestra responsabilidad institucional”. Ciertamente la petición se hace al órgano pertinente, toda vez que constitucionalmente corresponde al Congreso local aprobar cada año el presupuesto de egresos del estado.

Dos semanas después, el 16 de octubre, los diputados del PRI propusieron al Pleno del Congreso un punto de acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad (incluidos los votos de los diputados panistas, para hacer causa común), a fin de turnar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la solución del problema al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2020.

En su carta a los diputados, el rector hace referencia a un “programa de austeridad y ahorro”, entre otros que han permitido a la UAdeC cumplir sus objetivos. Pero aparentemente no para superar la crisis económica que él menciona.

En mi opinión, para superarla bastaría con cancelar corruptelas. Porque resulta que la UAdeC es una de las entidades que más irregularidades registra. Así, en el año 2017 (aclaro: cuando aún no era rector Hernández Vélez) la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades de las que derivaron nada menos que 576 observaciones, por un valor de 3 mil 884 millones de pesos (algunos valores aparecen duplicados y hasta triplicados porque las irregularidades fueron detectadas por dos o más auditorías de diferente naturaleza).

Apunto una sola de esas irregularidades detectadas por la ASE: en 2017 se hicieron pagos por 553 millones 323 mil pesos a “empleados que se desempeñan en dos o más plazas laborales sin acreditar la compatibilidad de horarios”. Con esta irregularidad que se corrija quedarían disponibles recursos suficientes como para sufragar la presión de gasto que se trae y se dice asciende a 571 millones de pesos. No sabemos si esta práctica abusiva, y desde luego ilegal, haya concluido en 2018, cuya cuenta pública tiene ahora en revisión la ASE.

Pero por lo que hace al ejercicio en curso, es decir, 2019, ya con el actual rector, respecto al Informe de la Gestión Financiera al segundo trimestre del año, el auditor externo, “Consultores Asociados, J. Rodríguez Turcato, S.C.”, incluye en su dictamen el siguiente señalamiento:

“Al 30 de junio de 2019, existen pagos de nómina no considerados en el tabulador de sueldos y pagos de plazas no consideradas en la plantilla autorizada”.

Se impone que el rector aclare si ya se terminaron los pagos a empleados que no pueden estar desempeñando dos o más trabajos al mismo tiempo, y que en 2017 implicaron pagos por más de 553 millones de pesos. Así como conocer su opinión en torno a la observación hecha por el auditor externo con relación al pago de nómina a junio de 2019.

Si está pidiendo apoyo a los diputados, es lo menos que el rector Hernández Vélez debe hacer: informar y aclarar.