Allá por el mes de noviembre de cada año, en Coahuila el secretario de Finanzas y su equipo llevan a cabo la tarea de estimar a cuánto ascenderá la recaudación que el Gobierno estatal espera tener durante el año siguiente. Especial atención pondrán desde luego en tener un cálculo de lo que habrá de llegar del Gobierno central por concepto de participaciones en impuestos y demás ingresos federales participables. Utilizo la expresión “especial atención” para hacer énfasis en el último concepto, es decir, el relativo a las participaciones federales, por ser la más importante fuente de ingresos con que cuenta Coahuila, como también en mayor o menor medida todas las demás entidades con la sola excepción quizá de la Ciudad de México.

Con la salvedad mencionada de la hoy denominada CDMX, en todos los demás estados lo que éstos reciben por concepto de participaciones federales les representa entre el 80 y el 90 por ciento del total de sus ingresos fiscales. De éstos, a su vez, al menos una quinta parte corresponde distribuir, mediante fórmulas matemáticas exageradamente complicadas, a sus respectivos municipios; 38 en el caso de Coahuila.

Para quienes tienen a su cargo esa compleja tarea de pronosticar los ingresos que el Gobierno estatal espera tener el año siguiente, debe ser algo así como armar un rompecabezas de un millar de piezas. En especial, como ya dije, por lo que hace a las participaciones federales. Y eso que ahora, desde hace una década, se dispone con mayor anticipación de la información pertinente para dichos cálculos adivinatorios, en razón de que hoy el llamado “paquete fiscal” lo debe enviar el Presidente de la República a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre de cada año, y todo, tanto del lado de los ingresos como de los egresos federales, debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

Ya no se trata pues, como antes, de andar en cada estado de la República con estimaciones y cálculos más o menos a ciegas para tener una idea aproximada de lo que cada uno recibirá de la Federación el año siguiente.

El hecho es que en Coahuila, por así disponerlo el artículo 105 de la Constitución local, a más tardar el 30 de noviembre deben estar listos los documentos con la iniciativa de Ley de Ingresos para el año próximo y el correspondiente proyecto de presupuesto de egresos. Documentos ambos que han de entregarse al Congreso local no más tarde de la fecha mencionada y comparecer el secretario de Finanzas ante los diputados para ofrecer las explicaciones que le sean requeridas por los legisladores.

Se trata, como seguramente podrá apreciar el lector, de actos y decisiones de carácter público de la mayor importancia. A pesar de lo cual, lamentablemente, pasan total y absolutamente inadvertidos para la (casi) totalidad de los ciudadanos. Como si a nadie interesaran o afectaran. El grueso de la población, preocupado por el diario vivir, los ignora. Y los pocos que de ellos están enterados, les guardan desconcertante indiferencia. Como si fueran sucesos de Marte o de insignificancia tal que no les mereciera ni una pizca de su valiosa atención. Increíble, pero así es.

Por ello, entre ignorancia, desinterés e indiferencia fue que Coahuila llegó a acumular, sin que en apariencia nadie se diera cuenta, una estratosférica deuda pública cuyo destino real se desconoce después de más de una década. Endeudamiento cuyo saldo no disminuye a pesar de que cada año se lleva ¡sólo el pago de intereses! más de tres tantos de lo que va a inversión pública. Así, con tan tremenda soga al cuello, ninguna sociedad puede prosperar o desarrollarse.

La situación del País y de Coahuila es grave. Y peor que se va a poner en los próximos meses y años por las razones –en particular una— que todos conocemos. Lo más probable es que los recursos fiscales tiendan a disminuir y a bajar quizá dramáticamente. Y por el contrario las necesidades públicas se incrementarán probablemente en algunos casos de manera exponencial. Tendremos pues la peor combinación posible: ingresos públicos a la baja y presión de gasto público al alza.

Por lo anterior es que se solicita al ciudadano común, a los grupos cívicos, en general a las sociedades intermedias de todo tipo, presten como nunca la mayor atención y pongan el más grande interés al proceso mediante el cual se discuten y aprueban los ingresos y los gastos públicos, tanto del estado como del municipio en el que cada quien resida. En próximos artículos se darán algunos tips sobre el tema.