La rendición de cuentas es un elemento fundamental del sistema democrático. No se puede concebir una democracia –y menos una democracia moderna, valga el concepto– sin una verdadera rendición de cuentas. Verdadera en el sentido de que no sea meramente de simulación, es decir, sólo para cubrir apariencias.

Ahora bien, tan importante, o más que la sola rendición de cuentas, es la revisión de éstas. En sentido práctico muy poca utilidad tiene una prolija información saturada de estadísticas, estados financieros y abundancia de comprobantes y papeles si no hay un cuerpo técnicamente capaz y profesional que lleve a cabo la revisión –seria y minuciosa– de esas cuentas.

En nuestro diseño constitucional todas las entidades gubernamentales que manejan recursos públicos están obligadas a rendir cuentas. Lo hacen una vez al año (en este punto rige el llamado principio de anualidad) y de un tiempo a la fecha cada trimestre presentan lo que se llama “informe de avance de la gestión financiera”.

Constitucionalmente el Poder encargado de recibir y revisar las cuentas de las demás entidades gubernamentales –y aun las propias– es el Legislativo. Es éste el órgano responsable de la fiscalización superior. En el ámbito estatal esta tarea corresponde a los Congresos locales. En Coahuila, de las cuentas anuales del gobierno del estado y de los 38 municipios. En principio deberían ser 39 cuentas públicas. En la realidad son 145, porque más de 100 entidades paraestatales, paramunicipales y órganos autónomos las presentan por separado.

En Coahuila el Poder Legislativo está integrado por 25 diputados. Por el volumen de la tarea que implica la revisión de las cuentas y los conocimientos técnicos que exige, imposible que sean los propios legisladores los que directamente la realicen. De hecho, en ningún país son los parlamentarios los que personalmente llevan a cabo esa labor. Disponen para ello de un órgano técnico.

En la entidad ese órgano técnico se denomina Auditoría Superior del Estado. La forman 263 funcionarios y empleados. La mayor parte de ellos, el 92 por ciento, tiene estudios profesionales concluidos. Predominan los contadores públicos, los economistas y los abogados. Quince de ellos incluso cuentan con estudios de posgrado. Pues bien, este equipo –ni menor ni mínimo– es el que se encarga de revisar las cuentas públicas que anualmente presentan 145 entidades estatales y municipales.

¿Y quién revisa a los revisores? El Congreso. Esta importante función se realiza a través de una comisión legislativa denominada De Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino, integrada por siete diputados. Cronológicamente el proceso es el siguiente:

Cada abril las entidades gubernamentales entregan al Congreso su cuenta pública del año anterior. El Congreso la turna a la Auditoría Superior para que proceda a su revisión, conforme a un programa de auditorías que al efecto elabora. Dispone la Auditoría Superior de ocho meses para llevar a cabo su tarea y, antes de que concluya diciembre, entrega al Congreso un Informe con los resultados encontrados de la revisión hecha a las cuentas públicas del año anterior.

El Congreso, una vez que recibe de la Auditoría Superior el Informe de Resultados, dispone de un periodo máximo de 60 días naturales para emitir “el dictamen correspondiente con base en el análisis de su contenido, en las conclusiones técnicas del mismo y, en su caso, en la glosa, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior, seguirá su curso en términos de lo dispuesto de la Ley de la materia” (artículo 67- XXXIV de la Constitución Política de Coahuila).

Ese dictamen corresponde elaborarlo a la Comisión legislativa bajo mi coordinación, y debe ser desahogado necesariamente en la presente semana antes de ser turnado al Pleno del Congreso.

Es verdaderamente una lástima que ni la opinión pública ni las agrupaciones ciudadanas, que se ocupan de estos asuntos, tengan en el radar esta etapa final del proceso de rendición y revisión de las cuentas públicas.

Es de suyo lamentable esa actitud omisa en cualquier sociedad política, pero mucho más en un estado como Coahuila que en el pasado reciente ha sido objeto del peor saqueo en sus recursos públicos del que se tenga memoria. Y a la impunidad oficial se agrega la indiferencia ciudadana. Pero así estamos. Por lo pronto el dictamen se ha elaborado con sentido de responsabilidad legislativa.