Dos candidatos a la gubernatura de Coahuila se declaran simultáneamente ganadores. ¿A cuál creerle, al que tiene el respaldo absoluto de un Estado secuestrado desde hace 12 años por una dinastía familiar de apellido Moreira, o al otro cuyo partido de derecha fue artífice de un fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2006 que se zanjó sacando al Ejército a las calles? Subjetivamente, no debería de creérsele a ninguno, pues ambos carecieron de la civilidad suficiente de esperar a que las autoridades correspondientes anunciaran oficialmente al candidato victorioso una vez contabilizadas la totalidad de las boletas. El gran perdedor no es el segundo mejor posicionado, sino el endeble Estado mexicano. Lo que hicieron Miguel Riquelme del Partido Revolucionario Institucional y Guillermo Anaya del Partido Acción Nacional, es sintomático de los mexicanos en general: ignorar a las autoridades, y de paso, desprestigiar el mismo proceso que técnicamente debería arroparlos de legitimidad. La duda se ha sembrado nuevamente en esta elección plagada de irregularidades previamente observadas en muchas anteriores a nivel local, estatal y federal –desde compra de votos, entrega de despensas a los más pobres e ignorantes, uso ilegal del padrón electoral por el partido hegemónico, desvío de recursos del erario público para la campaña del PRI, desinformación para afectar a los contrincantes, grabaciones clandestinas y bochornosas de los candidatos opositores, hasta la selección de personal clave en el Instituto Electoral de Coahuila que son afines al tricolor–, por mencionar las situaciones más evidentes. Tan solo en Ciudad Acuña se grabó en vivo el robo de material en la Escuela Primaria Venustiano Carranza donde depositan sus boletas aproximadamente 14 mil personas; la Policía Estatal permaneció inmutable frente a los delitos de tan grave magnitud, pese a su obligación constitucional de intervenir abiertamente. Los hechos demuestran una colusión innegable entre las fuerzas policiaco-militares y el partido gobernante.

            La elección estatal, sin embargo, se ajusta perfectamente al molde estadístico de México, que arroja cifras alarmantes en varios rubros. De acuerdo al Reporte Global de Competitividad 2016-17 realizado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), este País es de los peor ubicados en el planeta en cuanto a fiabilidad de sus instituciones. Ocupa el lugar 116 de un total de 138 naciones evaluadas, siendo el uno la mejor posición y 138 la más negativa. Según dichos estudios, México está detrás de la República Democrática del Congo y Nigeria, y por encima solamente de Kenia (115) y Tanzania (114). Cabe resaltar que el Congo actualmente pasa por momentos de crisis ya que su Presidente –el autócrata Joseph Kabila– desconoció los resultados electorales del 2016, lo que ha desencadenado insurrecciones armadas y el desplazamiento masivo de más de 1.3 millones de refugiados. México ya es comparable a naciones bananeras en África, y continúa en rápido declive respecto a su débil marco institucional. Por ejemplo, en cuanto a la confianza de los ciudadanos en los políticos, “logró” el puesto 124 de 138. La infiltración del crimen organizado o narcoterrorismo en las estructuras del Estado se clasifica en el lugar 130, lo mismo que la eficiencia de los servicios policiacos –a escasos ocho posiciones del último peldaño en la comunidad internacional. Por si fuera poco, el WEF coloca a este País prácticamente a la cola en cuanto a favoritismo en las decisiones de funcionarios estatales (124) y el uso indebido del erario público (125). Sobre ese último punto, basta recordar que en Coahuila no hay un solo detenido por los desfalcos de la última administración, como tampoco en las entidades controladas por el PRI y donde sus exgobernadores dilapidaron los recursos estatales con absoluta impunidad. Javier Duarte de Veracruz se fugó a Guatemala, Roberto Borge de Quintana Roo ha sido hallado en Panamá, Rodrigo Medina de Nuevo León fue ineptamente procesado y liberado por las autoridades de su entidad, Javier Duarte de Chihuahua sigue refugiado en Estados Unidos, mientras que Jorge Herrera de Durango, Andrés Granier de Tabasco, y Egidio Torre de Tamaulipas se pasean por territorio nacional sin el menor temor a ser ajusticiados. Las probabilidades de que se haga algo al respecto son nulas: solo 4.5 por ciento de los delitos cometidos en territorio nacional terminan en una sentencia condenatoria, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tratándose de mandatarios con excelentes conexiones judiciales y fluidez de recursos ajenos, la cifra llega a cero. No en balde los mexicanos desconfían rotundamente de las instituciones gubernamentales y quienes las encabezan.

            ¿Qué hacer ante el fraude electoral y el hurto del dinero público que se usa para las campañas del PRI o llenar los bolsillos de sus dirigentes políticos? Algunos se manifiestan en las calles, aunque es una técnica poco productiva. Cualquiera que haya residido en la Ciudad de México habrá notado que las protestas diarias de toda clase siempre fracasan en desencadenar políticas o acciones públicas efectivas; solo crean tráfico e irritación ciudadana. De hecho, las marchas más de las veces contribuyen a edificar una falsa fachada democrática al permitir la libre expresión, pero sin llegar a dar solución de fondo a las múltiples demandas. A los coahuilenses, aún menos organizados y activos como sociedad civil que los capitalinos –excepto para salir en multitudinarias marchas antihomosexuales organizadas por sectas cristianas–, probablemente les resulte difícil sacrificar la estancia en la comodidad de sus casas, en vez de salir a la vía pública en pleno calor de verano.

            La solución radica en ejecutar acciones inmediatas de desobediencia civil con fuerte trasfondo económico. Se puede empezar por ignorar las órdenes de toda autoridad estatal, particularmente la Policía. Todo ciudadano en lo individual tiene la opción de no pagar la tenencia vehicular o cualquier documento del Registro Civil. Las compañías pueden dejar de ceder el Impuesto Sobre Nóminas, y en el caso específico de los hoteles, el Impuesto Sobre Servicios de  Hospedaje, creado originalmente para invertir en promoción turística si bien quedó totalmente desvirtuado desde hace décadas,  al no llegar las partidas presupuestales a los organismos constituidos para ese propósito, como las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV). Los empresarios cuentan con la opción de prohibir la entrada de agentes estatales para verificar condiciones sanitarias y laborales en sus establecimientos, mientras que los comerciantes e industriales podrían hacer lo mismo con Protección Civil y Medio Ambiente. Las infracciones que deriven de estas sanciones, debidamente desechadas. Está en manos de los restauranteros y propietarios de bares y centros nocturnos el no cubrir el costo oneroso de las licencias de alcoholes y permisos de operación, eludiendo así los tradicionales y conocidos sobornos para “agilizar” el trámite. Los habitantes de Saltillo y Torreón pueden obtener su pasaporte en Nuevo León o entidades aledañas en aquellas instancias locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde no exista un cargo que llena las arcas de la actual mafia que gobierna a Coahuila. Boicot a toda institución pública o privada relacionada o financiada por el Gobierno, bloqueo de redes sociales y canales de comunicación oficial del Estado, y cooperación de aquellas compañías de noticias del sector privado a rechazar cualquier propaganda del Gobierno Estatal que incluya el no publicar o difundir discursos y eventos del Mandatario estatal, son otros métodos esenciales para lograr el objetivo de presionar a las autoridades a reconocer su nuevo fraude electoral. 

            En sí, será una tarea fácil en un País donde prácticamente nadie respeta la ley. Depende de cada uno de nosotros el hacer algo por cambiar las cosas, o quedarnos callados bajo la dictadura de un partido que tiene casi un siglo ininterrumpido usurpando el poder. En esta ocasión volvemos a ser la vergüenza del País entero, aunque cabe recalcar que fue precisamente en estas tierras que estalló la Revolución Mexicana hace 107 años, producto de injusticias y aferramiento al poder de una gerontocracia putrefacta…