Hay tres novedades sobre la guerra contra el crimen organizado: 1) se libra simultáneamente en centenares de frentes; 2) crece la autonomía del ejército que exige una ley y presiona replegándose en algunas entidades; y, 3) hay condiciones para mejorar el trato dado a las víctimas del conflicto. 

Hace unos meses, Miguel Ángel Osorio Chong presumía que el Gobierno había neutralizado a “100 de los 122 [líderes del crimen organizado] identificados como prioritarios”. Para el titular de Gobernación, ello significaba que “todos los cárteles habían sido golpeados estructuralmente”. Con este criterio la política de descabezamiento y fragmentación es un éxito.

Cuando inició la guerra hace una década, había nueve organizaciones criminales;  en la actualidad sobreviven el Cartel del Pacífico (Sinaloa) y el Cartel Jalisco Nueva Generación que disputan a sangre y fuego el control de diversas plazas. Las otras organizaciones se han atomizado en pequeñas bandas. De acuerdo con Lantia Consultores, en enero de 2017 había 249 grupos dedicados al crimen organizado. Por ejemplo, Los Zetas se han escindido en 36 grupos que buscan distinguirse y adoptan nombres convencionales: Hijos del Diablo; descriptivos: Los Negros o enigmáticos: Néctar Lima. La violencia no ha desaparecido; se ha desperdigado afectando amplias regiones.

Ni el Estado mexicano ni Washington parecen tener la estrategia para un escenario de esta naturaleza. Una consecuencia es que los protagonistas están preparándose para guerras irregulares de larga duración. El caso más llamativo es el ejercito que exige certidumbre jurídica (el general secretario Salvador Cienfuegos lo expresó con gran claridad).

Como el Congreso tiene a la Ley de Seguridad Interior en la indefinición están presionando con una novedosa política de rifles guardados. En una reunión con la Junta de Coordinación Política de los diputados, Osorio Chong comentó que las Fuerzas Armadas están replegándose en algunos estados (Claudia Salazar, Reforma, 6 de marzo de 2017). En otra ocasión daré una interpretación sobre la trascendencia e implicaciones de la creciente autonomía de las Fuerzas Armadas. 

La incertidumbre no debe ser motivo para que siga regateándose la atención a las víctimas y la protección a los grupos vulnerables. Las víctimas viven una paradoja: pasaron de la marginalidad a un protagonismo irrelevante. Me explico. Cuando fue imposible ignorar el costo humano, quienes gobiernan crearon instituciones y les asignaron generosos presupuestos. Fuego fatuo. Bien pronto se hizo evidente que sigue imperando la improvisación, las ocurrencias y los golpes de timón. En 2013 el Gobierno de Enrique Peña Nieto presumió de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. A los dos años puso a un inepto para dirigirla y para 2017 la dejaron sin presupuesto.

Algo similar ocurre con dos gremios amenazados. Para protegerlos crearon en 2012 el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que depende de Gobernación. El pasado enero visitó México un relator especial de Naciones Unidas; Michel Forst detectó carencias en el Mecanismo, lo consideró tan útil  (“crucial” fue el adjetivo que empleó) que recomendó se garantizara su “presupuesto” y “sustentabilidad financiera”. Nadie explicó al relator que para 2017 el presupuesto del Mecanismo también es de cero pesos (está funcionando con recursos que tenía guardados en un fideicomiso).

Se antoja difícil que en los próximos dos años se hagan ajustes de fondo a la política de seguridad; la clase política anda encandilada con las elecciones de 2018. Pese a ello hay un par de instituciones que no dependen del desenlace electoral de 2018 y pueden hacer bastante por las víctimas. En los próximos días saldrá del taller la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; le cambiaron motor, hojalatería y sistema de dirección. Si se confirma su renacimiento, debería hacer mancuerna con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que va saliendo de la irrelevancia. Esa alianza podría arrastrar a otras instituciones a dar un trato diferente a las víctimas. Es indispensable que se atienda este ángulo porque si se mantiene el repliegue de las Fuerzas Armadas, crecerá la letalidad de la violencia criminal. La guerra sigue. 

@sergioaguayo
Colaboró Maura Roldán