CDMX.- Ramón Eduardo Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, dos cercanos al exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fueron acusados este jueves por un gran jurado en Nueva York de dejar operar “con impunidad” al cártel de “El Chapo” y recibir sobornos millonarios, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York que señala que García Luna está acusado de estar implicado en una empresa criminal.

Cárdenas Palomino y Pequeño García están acusados, cada uno, de tres cargos de conspiración para traficar cocaína. “A cambio de sobornos multimillonarios, los acusados supuestamente permitieron al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en México”, detalla el comunicado. Ninguno de los dos está detenido.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y permanece, a la espera de juicio, en una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, acusado de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. El miércoles, señaló ProPublica, fiscales anunciaron que sería acusado bajo el Estatuto Kingpin, que permite sancionar a personas que forman parte de organizaciones criminales a las que se supone debían combatir.

“Durante casi dos décadas, García Luna traicionó a quienes juró proteger al aceptar sobornos de miembros del cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a su empresa criminal”, señaló Seth D. DuCharme, fiscal en funciones para el Distrito Este de Nueva York, al anunciar la acusación, con la cual aseguró, tanto el exsecretario de Seguridad como sus “coconspiradores enfrentarán a la justicia por delitos que implican la importación y distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas a Estados Unidos”.

La acusación indica que, “entre 2001 y 2012, mientras ocupaba posiciones de procuración de justicia de alto rango en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de proteger sus actividades de narcotráfico”.

En cuanto a Cárdenas Palomino y Pequeño García, refiere que eran también funcionarios de procuración de justicia de alto rango que trabajaban con García Luna y que “cada uno recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa; a cambio de los sobornos, entre enero de 2001 y el presente, los acusados abusaron de sus posiciones públicas al permitir que el Cártel de Sinaloa obtuviera pasaje seguro para sus envíos de droga”.

También los acusa de proporcionar información judicial delicada sobre investigaciones relacionadas con el cártel, así como información sobre cárteles rivales, “facilitando la importación de múltiples toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”.

De ser hallados culpables, García Luna enfrenta, por el cargo de estar implicado en una empresa criminal constante, una sentencia mínima de 20 años de prisión y máxima de cadena perpetua. Cárdenas Palomino y Pequeño García enfrentan, cada uno, por el cargo de conspiración para traficar cocaína, una sentencia mínima de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua.