Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) solicitará a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales la información en torno a las circunstancias por las que 3 mil 360 maestros no se presentaron al proceso de evaluación por desempeño, razón por la que serán separados del cargo y sin liquidación.

La agrupación gremial indicó que también pedirá revisar las fallas técnicas y logísticas que pudieron haber afectado o impedido la asistencia de estos más de 3 mil 300 profesores a la evaluación, y en caso de que esa falta se pueda justificar, las autoridades programen un nuevo proceso para presentar las pruebas.

“El SNTE mantendrá la defensa de los derechos laborales, profesionales, sociales y económicos de los trabajadores de la educación, y estará atento para brindar asesoría jurídica y apoyo a cada maestro que lo requiera. No dejaremos a nadie en el camino”.

Ayer, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer los resultados del primer proceso de evaluación por desempeño, en el cual –de acuerdo con la nueva ley de educación— los profesores estaban obligados a participar. El funcionario informó que a partir de este 1 de marzo, los 3 mil 360 profesores que no se presentaron a ninguna de las dos oportunidades para evaluarse serán despedidos. Además que cinco de cada diez profesores y directivos de educación básica y bachillerato de los 134 mil 140 que participaron en 28 entidades del país, se ubicaron en los niveles insuficiente y suficiente, los más bajos en la acreditación por competencias y habilidades pedagógicas.

A través de un comunicado, el SNTE exigió a las autoridades educativas que ningún grupo de alumnos de ningún nivel educativo se quede sin un maestro, que ninguna escuela se quede sin director y subdirector; además que se acrediten las contrataciones, los nombramientos y los ascensos que los docentes hayan adquirido tras los resultados de la prueba, y “que se garanticen los derechos de los trabajadores para asegurar la certeza laboral en la asignación de las plazas y horas-clase correspondientes”.

Asimismo, el gremio demandó que la interpretación de la ley “no impida o cancele el derecho al crecimiento laboral de los docentes”.