Las discusiones que se dan hoy en el Congreso tienen una dinámica propia, y quienes participan en ellas, en aras de hacer prevalecer su posición sobre las ajenas, suelen caer en uno de los riesgos más grandes para la búsqueda de la objetividad: me refiero al relativismo. Este recurso retórico busca categorizar en “bueno” y “malo” todo argumento; no existe un matiz en las afirmaciones, sino que éstas se basan en absolutos que, por naturaleza, resultan excluyentes, e imposibilitan la integración de puntos de vista que, aunque puedan divergir de una línea determinada, cuentan con un fondo de validez y pueden mejorar sustancialmente el resultado final.
 
En los debates que se están desarrollando para la definición de la legislación secundaria que dará cuerpo y operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el relativismo ha hecho acto de presencia. Se han registrado distintas descalificaciones —en la falsa dicotomía de “lo bueno” y “lo malo”— de ideas que pueden resultar positivas, simplemente por haber sido expresadas por tal actor político o tal agrupación. Se puede llegar al extremo de descalificar conceptos enteramente válidos para la implementación técnica del Sistema, a partir de una toma de posición ideológica. 

En este sentido, la participación de organizaciones ciudadanas en esta importante coyuntura ha representado un elemento de gran valía y trascendencia, dado que se trata de un problema que ha hecho mucho daño a la sociedad. La relevancia de estas intervenciones está por encima de toda duda, sin embargo, debe ajustarse a las reglas de una conversación civilizada y constructiva. Las ideas, per se, no son “buenas” o “malas”; requieren de un contexto que las explique, de una cuidadosa ponderación de sus ventajas y desventajas que entraña su ejecución, inclusive, de un sentido práctico que resulta indispensable en el paso de la teoría a las necesidades del mundo real. 

Es preciso estar alerta a los riesgos que conlleva pretender alcanzar una solución ecléctica construida a partir de fragmentos de distintas visiones; no se trata de darle gusto a todas las partes, sino de encontrar un cuerpo legislativo coherente. 

El concepto de que sea un representante de la sociedad civil el que ocupe el puesto de presidente del Comité Rector del SNA, por ejemplo, va más allá de lo bueno y lo malo; lo que es esencial es la determinación de los mecanismos que impidan que su aportación se distorsione al vincularse a una agenda personal o de grupo, en vez de ser garante del interés de la sociedad. 

Bajo esta misma argumentación, la concepción en la que se basa la Ley 3de3 será tan buena como las medidas que se tomen para lograr que la información en cuestión tenga un significado operativo, como el seguimiento que se le dé y como las normas que garanticen su veracidad. 

De igual manera, la existencia de un sistema de denuncia ciudadana debe matizarse con los controles necesarios para desincentivar la formulación de acusaciones sin pruebas o el uso mercenario del sistema para un beneficio personal. El establecimiento de un sistema de denuncias mal diseñado puede generar una parálisis de la acción pública y deteriorar el ambiente laboral en las instituciones públicas, lo que en última instancia afecta mucho a los sectores sociales que requieren de mayor atención por parte del Estado. 

Para concluir, deseo afirmar que es cierto que el aspecto mediático de la firma de acuerdos tiene su lugar en estos procesos, pero mucho más importante es la implementación, la puesta en práctica de los consensos alcanzados. Esta labor, ardua y poco atractiva, es la que encarna el esfuerzo llevado a cabo para aterrizar las discusiones y transformarlas en elementos operativos y que, en última instancia, contribuye a modificar la realidad. 

Auditor Superior de la Federación