Una de las banderas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción, sin embargo, en algunos momentos el mensaje ha sido ambiguo, por ejemplo, el presidente mencionó que no se van a perseguir a políticos del pasado, salvo que la gente lo exija; cuando los efectos de la corrupción no se quedan en el pasado, sino que en muchos casos su afectación es continuada, prueba de ello, son los desvíos que hubo al presupuesto destinado a la atención de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Decenas de familias siguen hoy viviendo en carpas y albergues improvisados a más de dos años de los hechos, pero a la vez, sabemos que de los cientos de millones de pesos que destinaron el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y hasta organizaciones internacionales, hubo políticos corruptos que se aprovecharon de la situación y desviaron dinero que nunca llegó a las víctimas.

Por ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debería considerar iniciar una investigación seria y a fondo, que desentrañe las redes de corrupción que aprovecharon la desgracia de miles de mexicanos para lucrar y demostrar que no importa que los implicados sean hoy senadores, diputados, funcionarios de primer nivel o empresarios encumbrados, para recibir un castigo, incautar bienes obtenidos de forma ilegal, rematarlos y destinar esos recursos a las familias que aún no han recibido ayuda.

Una cruzada así le daría una credibilidad profunda a la bandera de la lucha contra la corrupción que enarbola Obrador, porque no solo se trataría de castigar a los culpables, sino lograr que el combate a la corrupción se traduzca en beneficios directos para la población más necesitada.

Para que la cruzada funcione no debe de haber excepciones, ya que por ejemplo se sabe que muchos legisladores que en ese año estuvieron en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, amañaron el destino de los recursos para beneficiar a determinadas empresas con las que tenían relación y esos diputados siguen hoy en la política, algunos incluso militan en Morena, después de haber desertado del PRD. 

Por ende, una investigación profunda debe incluir no sólo a entes gubernamentales como la Fiscalía General de la República, sino también a actores de la sociedad civil y expertos en diferentes campos de las universidades de la Ciudad de México, que ayuden a registrar el esquema de corrupción que hubo en torno a la tragedia.

Lo anterior se debe complementar con acciones a favor de las víctimas, ya que es posible que los fondos incautados no sean suficientes para satisfacer incluso las necesidades básicas de las familias, que aún siguen en lugares temporales de resguardo. Pero el gobierno enviaría un gran mensaje atendiéndolos, ya que literalmente han sido olvidados por las autoridades en estos dos años, a pesar de las grandes promesas que siguieron al sismo de 2017, incluyendo la de los propios partidos, que aún no se han recortado sus prerrogativas.

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